Subir el salario mínimo mensual (SMM) a $200.000 “está fuera de lugar”. Así de categóricas fueron las declaraciones del ministro de Hacienda al justificar el proyecto del Gobierno que lo incrementa desde los actuales $182.000 a $193.000 mensuales, lo que fue rechazado por la Cámara de Diputados el martes de esta semana.  Uno de los partidos de la propia coalición de gobierno ha propuesto, junto con la Democracia Cristiana, el monto que el ministro considera fuera de lugar. Otros partidos políticos, en tanto, se han alineado con la propuesta de la CUT y han adherido al concepto de “salario ético” que impulsaron los obispos de la Iglesia Católica y que a juicio de las organizaciones sindicales hoy se sitúa en $250.000 mensuales. Se trata de una discusión que se repite prácticamente todos los años. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en junio del 2011, en que el gobierno enfrentaba el debate con un discurso marcado por el optimismo y cifras positivas, pero con una propuesta igual de conservadora, el escenario de hoy está marcado por la incertidumbre sobre la coyuntura internacional. 
El mercado laboral es uno de los más regulados en cualquier sistema económico por las numerosas imperfecciones que se observan. Existen asimetrías de información, desigualdades entre los actores que participan  del proceso de negociación, discrepancias respecto de cuál es el precio justo que debe pagarse por el trabajo realizado, dificultades para medir la productividad laboral y el aporte efectivo que hace cada trabajador a la creación de valor en la organización que se está desempeñando, cuál debiera ser la extensión máxima de la jornada laboral, cuánto debe aportar el trabajador para financiar la seguridad social,  son algunos de los factores que obligan al Estado a establecer un marco legal para resolver estas interrogantes. Finalmente, es preciso determinar cuál debiera ser el ingreso mínimo aceptable que debe recibir un trabajador por su participación en el proceso productivo, o sea, se requiere definir, mediante un instrumento jurídico de carácter obligatorio, el monto del salario mínimo mensual. 
El debate sobre el monto apropiado del SMM muchas veces se reduce, por una parte, a la determinación del menor valor porque así no se perjudica la contratación de mano de obra. Es decir, se intenta proteger a los que demandan trabajo, esto es, las empresas. Por otra parte, las organizaciones sindicales tratan de asegurar el bienestar de los que ofrecen su fuerza de trabajo, o sea, de los trabajadores y de sus familias. Estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), demuestran que un ingreso mínimo por debajo de lo aceptable pone en riesgo no sólo el bienestar de los trabajadores y sus familias sino que también  el desarrollo futuro del país porque se acentúa la pobreza, se produce deserción escolar y se generan tensiones sociales que terminan inhibiendo la inversión y el crecimiento económico.
Uno de los indicadores que se utiliza para determinar el nivel óptimo del salario mínimo es el índice de Kaitz, que relaciona el ingreso per cápita con el SMM. La literatura económica señala que cuándo éste representa menos del 30% del PIB per cápita se produce un peligro inminente para la economía y técnicamente existiría un mini-salario mínimo. En el otro extremo, una relación que supere el 60% supondría un maxi-salario mínimo lo que también implicaría riesgos para la economía. La propuesta del Gobierno situaría el índice de Kaitz en 29%, del PIB per cápita chileno, el valor más bajo de los últimos 23 años, ubicándose en el séptimo lugar entre los 10 países de Sudamérica.
En consecuencia, el debate sobre el SMM no sólo es un tema de las finanzas públicas y privadas sino que esencialmente es un dilema que debe resolverse primero en el campo de la Economía Política.