Uno de los más novedosos programas de combate al delito producido por un consumo problemático de drogas se pondrá en funcionamiento hacia el segundo semestre de este año en la Región del Maule. Se trata del establecimiento de los denominados Tribunales de Tratamiento de Drogas, que -de manera piloto- operará en la provincia de Curicó.
En efecto, esta iniciativa se extenderá a lo largo de nuestro país este año, a las Regiones de O´Higgins y el Maule, sumándose a las experiencias que datan de unos ocho años,y que se encuentran plenamente vigentes en las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y algunas zonas de la Región Metropolitana.
Numerosas instituciones, públicas y privadas están comprometidas con el éxito de esta institución, de raíz anglosajona, entre las cuales figuran el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública, Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), y la Fundación Paz Ciudadana.
En relación a este tema y tratándose de una nueva institución, es preciso señalar que han sido diversas las consideraciones en materia de política criminal que hace aconsejable la existencia de estos tribunales en nuestro sistema procesal, ya que permiten que un número ojala creciente de casos, se resuelvan de una manera periférico – penal, ya que permite que, si el sujeto voluntariamente lo asume, se le imponga un tratamiento de rehabilitación, supervisado por profesionales de la salud, tanto mental como física, en dupla con asistentes o trabajadores sociales, quienes mancomunadamente con el equipo jurídico, buscan la resocialización y la sanación del imputado, a través de la Suspensión Condicional del Procedimiento. Si logra salir de su problema, sus deudas con la sociedad están pagadas y ella misma se ahorrará numerosos delitos que por la vía de la reincidencia ingresarían al sistema penal. Si no lo logra, queda a salvo el castigo penal para la falta cometida.
Sobre el particular, está claro que posibilidades de mejora siempre existen, y ellas a mi juicio van por la vía de ampliar esta oferta a delitos que tengan aparejadas mayor pena, mayor especialización en los operadores, la existencia de centros que cuenten con los recursos adecuados para tratar a estas personas, ya sea de manera ambulatoria o residencial, ampliando la escuálida oferta existente, entre otras medidas.

Por lo pronto, la Defensoría Penal Pública se compromete en el éxito de esta iniciativa y en el desarrollo de todas las acciones necesarias para ese fin. La más inmediata: nuestra participación en la capacitación del próximo miércoles 27 de junio, a realizarse en Curicó.