¿Por qué el Estado habría de financiar la educación de las personas? me preguntó un amigo hace unos días. La respuesta que, a simple vista, parece demasiado obvia, nos recuerda las distintas declaraciones de quienes defienden nuestro actual sistema educacional y su actual forma de financiamiento, desde políticos a empresarios de la educación.
Declaraciones de este tipo se han reiterado desde hace más de un año y denotan obviamente una postura ideológica frente al rol del Estado en la educación, pero además, una diferencia ideológica aún más básica que responde a la siguiente pregunta: ¿Quién se beneficia cuando una persona accede a la educación?
La respuesta a esta elemental interrogante ha sido variada dependiendo del país y del contexto histórico, de hecho, Chile no ha respondido a ella siempre de  igual manera, lo que ha redundado en las distintos roles que ha jugado el Estado en materia educacional a lo largo de nuestra historia.
Las posturas sobre el tema van desde quienes han estimado que educar a las personas conlleva un beneficio para el país, el que se ve beneficiado por el hecho de que las personas adquieran mayores conocimientos y puedan aportar desde sus respectivos ámbitos al desarrollo nacional, por lo que la inversión del Estado en educación en estos casos es fuerte y en la mayoría de los casos, el estudiante no debe pagar por ella.
Está por el contrario el caso actual de Chile que, en sintonía con nuestro modelo económico, parte de una concepción individualista en virtud de la cual se concluye que la educación implica un beneficio exclusivo para quien la recibe por cuanto éste podrá acceder a una “buena” remuneración en el futuro, cuando ingrese al mercado laboral, lo que se refleja perfectamente en los dichos del propio presidente quien, desde lo más profundo catalogó el año recién pasado a la  educación como un bien de consumo. Esta visión, demás está decirlo, no sólo parte de la premisa cuestionable de que quienes han accedido a la educación superior, profesional o técnica, obtienen trabajos bien remunerados al término de las mismas, sino que además no contempla la existencia de un beneficio para la sociedad en su conjunto por el hecho de que las personas accedan a la educación, reparando únicamente en este supuesto futuro beneficio económico del estudiante por haber estudiado, siendo todo el actual sistema de financiamiento de la educación la manifestación más clara de esta forma de entenderla.
Resulta a mi juicio innegable que el hecho de que una persona estudie, ya sea una carrera profesional o técnica, implica en la mayoría de los casos una mejora en sus remuneraciones al momento de ingresar al mercado laboral, pero también es innegable que una país crece y se desarrolla en la medida que más personas estén preparadas cultural, intelectual y técnicamente para asumir sus desafíos de futuro, siendo necesario para emprender  las urgentes reformas educacionales que el país merece un profundo cambio de paradigma y una reevaluación acerca de quiénes son los que realmente ganan con más y mejor educación, para que el rol que juegue el Estado en materia educacional, sea un reflejo de éstas premisas.