Luego de una semana de celebraciones de las Fiestas Patrias, los chilenos han tenido que soportar nuevos eventos de “abusos” de empresas privadas que no han cumplido con la calidad de servicio que debieran ofrecer. Protegidos en parte en leyes que tienden a favorecer a las empresas privada y desproteger a los consumidores, quizás pensado en una forma de incentivar la inversión privada o solamente por la falta de prolijidad en la generación de leyes, contratos o concesiones. Dos de estos eventos son la congestión en el Peaje de Angostura, Puente Maipo y sectores aledaños, y la sobreventa de los vuelos de una aerolínea nacional.
    Cuando se instalaron las carreteras se prometió calidad de servicio en términos de seguridad y velocidad de desplazamiento, entre otros, ante lo cual los usuarios debieran pagar una tarifa que permitiría financiar las carreteras y generar utilidades a los inversionistas. Debido a que el Estado no poseía los recursos suficientes para realizar dichas inversiones, y además, el sistema económico imperante tiende a privilegiar la acción de los privados. No cabe duda que la congestión reciente, principalmente en el Peaje Angostura, muestran que la calidad en el servicio, por la que se estaba pagando, no se entregó. Lamentablemente, dicho evento que generó costo de tiempo, combustible, daños emocionales y morales significativos que no pueden acogerse a la Ley que protege a los consumidores, por ser estos contratos, quizás mal formulados o que buscan proteger o incentivar la inversión privada más que a los usuarios.
    Lo anterior queda en evidencia, cuando se menciona que una de las soluciones para reducir la congestión era levantar las barreras de los peajes, lo que parecería lógico dado que no se estaba dando el servicio de calidad, como ocurre en algunos países cuando se generan eventos similares. No cabe duda que esto requiere una reformulación en las reglas de juego, lo que no necesariamente debiera ser la idea de Ministro Golborne de limitar el uso de las carreteras por dígito de las patentes, porque ello, aunque puede ayudar a solucionar el problema, hace que los costos del viaje sean mayores. Dicha medida sería como subir en forma encubierta el precio de los peajes, propuesta que sería adecuada desde el punto de vista económico en general, pero altamente  inequitativa, toda vez que no existen vías alternativas adecuadas de desplazamiento.
    El otro caso que generó aumento en los costos sociales fue el de una aerolínea nacional que al sobrevender sus vuelos, no permitió que muchos de sus pasajeros no pudieran viajar a pesar de haber realizado los procesos previos adecuadamente. Dicho accionar esta protegido por la reglamentación del sector que permite sobrevender los vuelos, aunque los pasajeros afectados debieran recibir algunas compensaciones como: montos en dinero, alimentación, traslado en un vuelo alternativo, entre otros. Independiente de ello, y que algunos si quisieran aceptar algunas de dichas regalías, otros no recibieron la mínima deferencia ni información con respecto a lo que estaba ocurriendo.
    Sin lugar a duda, ambos eventos hace que aparezcan nuevos INDIGNADOS porque los servicios a los consumidores fueron entregados en forma paupérrima, y las leyes tienden a proteger más a la empresa privada que a los usuarios, que son los que finalmente le dan la vida a esos mismos negocios.