Contra siete familias de cuatro comunas maulinas

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Las demandas fueron presentadas por la directora regional del Serviu, Clarisa Ayala, a la izquierda en la fotografía, acompañada por la asesora jurídica del Serviu, ante la oficina de distribución de la Corte de Apelaciones de Talca.

TALCA.- Hasta la oficina de distribución de demandas de la Corte de Apelaciones de Talca llegó ayer la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Clarisa Ayala, a fin de presentar siete demandas civiles contra familias beneficiadas con subsidios habitacionales que no habitan sus inmuebles.
Las acciones legales se refieren a siete familiares distribuidas de la siguiente forma: dos en las villas San Enrique I y Municipal Molina, en Molina; dos en la villa Don Sebastián II, en Sagrada Familia; una de la villa Don Matías II, en Teno; una de la villa Don Eduardo II, en San Clemente; y una de la villa Bicentenario, en Linares.
Las demandas fueron asignadas de inmediato a los respectivos tribunales, quedando dos en el Primer Juzgado de Letras de Talca, otras dos en el Segundo Juzgado de Letras de Talca, una en el Tercer Juzgado de Letras de Talca; y las dos últimas en el Cuarto Juzgado de Letras de Talca. Allí se procederá a notificar a las personas demandas.

RESTITUCIÓN Y REMATES
Al respecto, la directora regional del Serviu explicó que las personas demandadas fueron beneficiarias de viviendas a través del Fondo Solidario, agregando que las acciones legales buscan la devolución de los subsidios, cuyo monto alcanza un promedio de 400 unidades de fomento, datos arrojados por un catastro a nivel regional.
“Lo que hemos hecho es presentar las siete primeras demandas civiles en contra de personas que tienen viviendas que han adquirido, a través del fondo solidario de vivienda, y que hoy día no están ocupando. La demanda tiene como objetivo la restitución del subsidio asignado”, puntualizó la autoridad.
En todo caso, precisó que en el caso que no se restituyan los fondos en el plazo determinado por el juzgado, una vez dictado el fallo a favor del Serviu, entonces se procederá al embargo y posterior remate del respectivo inmueble, a objeto de pagarse del subsidio. Añadió que se trata de viviendas abandonadas que no tienen moradores.

OBLIGACIÓN LEGAL
Clarisa Ayala destacó que el catastro realizado por el Serviu fue motivado por sucesivas denuncias de familias y comités de viviendas, llegando a establecer que existen un total de 79 viviendas en condición de abandono en toda la región. En este sentido, no descartó continuar presentando demandas, según el avance de las fiscalizaciones.
La autoridad agregó que la ley establece que una propiedad construida con subsidios del Fondo Solidario debe ser ocupada por el beneficiario hasta cinco años después de su entrega. Precisó que los mismos vecinos pueden dar cuenta al Serviu sobre quienes habitan o no los inmuebles entregados con el subsidio.
“También hacemos un llamado a las directivas de los comités habitacionales, que son la primera fuente, para saber donde está el resto de las personas que postulan a una vivienda, de modo de ser el primer filtro que detecte que los integrantes de los comités sean las personas que realmente necesitan una casa”, enfatizó.

TRAMITACIÓN
Las demandas civiles presentadas por el Serviu se tramitarán a través de un juicio sumario, es decir, con menor extensión que un caso regular. De esta forma, se procede a notificar la demanda, dando paso de inmediato al comparendo de contestación, rendición de pruebas y sentencia de primera instancia.