A petición de un nuevo acreedor mayoritario

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La nueva audiencia con los tres acreedores mayoritarios se realizará en una fecha todavía por definir en el Cuarto Juzgado de Letras de Talca.

TALCA.- A petición del Banco de Chile, el juez del Cuarto Juzgado de Letras de Talca, Matías de la Noi, decidió anular una resolución dictada 22 de junio pasado, cuando a petición de los tres acreedores mayoritarios se designó al abogado, Guillermo Valdés, como síndico de la quiebra de la sociedad “Constructora Marcelo Rivano Limitada”, una empresa de larga tradición en el sector privado regional.
El proceso legal de quiebra se oficializó a principios de junio, cuando el gerente general de la constructora, Luis Iglesias, presentó un escrito anunciando que “por diversos motivos, la compañía se ha visto imposibilitada de cumplir el pago de diversos instrumentos mercantiles, que ha suscrito y entregado en relación con parte de sus numerosos compromisos financieros”.
El documento agrega que “en razón de tratarse de un deudor comerciante que ha cesado en el pago de una obligación mercantil, vengo en ejercer facultad legal solicitando se cite a los acreedores de mi representada a Junta (…) para el servicio de la totalidad del pasivo”. El escrito también pidió oficializó el nombramiento del abogado, Juan Robertson, como “interventor”.

PASIVOS Y ACTIVOS
Tras ello, el juez convocó a audiencia a 28 acreedores de la empresa, ocasión en que el “interventor” anunció que los “pasivos” de la empresa -es decir, las deudas - suman seis mil 555 millones de pesos. Por su parte, los “activos” -es decir, los bienes inmuebles y financieros- alcanzan a dos mil 561 millones. En la ocasión, los acreedores rechazaron la designación de un “experto facilitador”.
En el plazo legal, el juez citó a los tres principales acreedores par a nombrar síndico titular y suplente. Así se convocó a los abogados de la cooperativa Oriencoop, la empresa CGE Distribución y Sodimac S.A. En la ocasión, acudió la abogada, Renata Rivano, en representación de la sociedad Inmobiliaria San Patricio, en calidad de subrogante de la acreencia de Oriencoop.
A propuesta de la inmobiliaria, como principal acreedor se designó al abogado Valdés como síndico titular, y al también abogado Enrique Ortiz, como síndico suplente. Pero ambos no alcanzaron a juramentar sus nuevas funciones, por cuanto el abogado del Banco de Chile, Sergio Valenzuela, presentó un escrito al tribunal solicitando la nulidad de la audiencia de designación de síndico.

NUEVA CITACIÓN
Para ello, el representante legal argumentó que el banco es el segundo acreedor en importancia, por la magnitud de la deuda, avaluada en 431 millones de pesos. El juez, actuando con facultades de oficio contenidas en el Código de Procedimiento Civil y, tras constatar la infracción, optó por anular la audiencia donde se designó al síndico.
Así se dispuso una nueva convocatoria a los tres acreedores mayoritarios, incluyendo al Banco de Chile, antecedido por la Inmobiliaria San Patricio y sucedido por CGE Distribución, excluyendo del listado a Sodimac, audiencia que aún no tiene fecha, ya que todavía no culminan las respectivas notificaciones. En todo caso, el juez advierte que las deudas con el banco se refieren a boletas de garantía.
Un dato relevante es que, en caso de insistir en su propuesta de síndico por parte del acreedor mayoritario, podría replicarse la designación de Guillermo Valdés, situación que sólo se resolverá el día dela audiencia judicial. Un dato relevante es que, tanto el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), debieron reasignar los proyectos que la constructora Rivano aún tenía pendientes con financiamiento estatal.

TRASPASO DE INMUEBLE
Según acreditan los numerosos documentos anexados al expediente de quiebra de la empresa constructora, la subrogancia en la acreencia de Oriencoop que ejerce la Inmobiliaria San Patricio, se fundamenta en el traspaso de una propiedad a la cooperativa por parte de esta última sociedad, correspondiente a un predio ubicado a las orillas del lago Colbún y con un avalúo cercano a los mil millones de pesos.
Todo ello, por cuanto –según establecen las escrituras- la Inmobiliaria San Patricio tiene la calidad de aval solidaria de la constructora Rivano. Un dato relevante es que la deuda de dicha empresa con la cooperativa está avaluada en poco más de mil millones de pesos, restando una cifra menor para regularizar la totalidad de la acreencia.