El Centro / Policial

Por denuncias de ex y actuales directivos

Fiscalía Nacional ordenó una investigación administrativa contra el fiscal regional

Las pesquisas quedaron a cargo del fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, quien ya tomó contacto con Mauricio Richards

Periodista: Hernán Espinoza Jara | Fecha de Edición: 17-05-2013

TALCA.- Por orden del Fiscal Nacional, Sabas     Chahuán, se inició una investigación administrativa contra el fiscal regional, Mauricio Richards, luego de una denuncia por escrito realizada por un grupo de ex y actuales directivos de la Fiscalía Regional del Maule, pesquisas que están a cargo del fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado.
Así lo confirmaron fuentes oficiales, tanto de la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional de Aysén, cuya máxima autoridad se excusó de realizar comentarios. La denuncia se refiere a supuestos actos de acoso laboral, mal uso de recursos fiscales, gastos irregulares y ausencias prolongadas de la autoridad a sus labores diarias.
Al respecto, Richards señaló ayer que se encontraba informado tanto de la denuncia como de la investigación, confirmando que el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, había tomado contacto con su persona, sin realizar más declaraciones. En todo caso, a la fecha, el fiscal Salgado no ha citado a los denunciantes.

CALIFICACIONES DE EXCELENCIA
Se trata de Anita Arancibia, ex jefa de administración y finanzas; Isabel Hernández, ex jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos; y  Marcela Barros, ex integrante de la Unidad de Comunicaciones. A ellos se sumó el actual jefe de la asesoría jurídica y vocero de la Fiscalía Regional, Roberto Navarro.
Todos ellos presentaron la denuncia el día 30 de abril pasado, fecha en que las tres denunciantes fueron alejadas de sus cargos, aunque por seis meses siguen con responsabilidad administrativa. A la vez, en el escrito no piden ser reintegradas a la institución.
Un dato relevante es que, a los pocos días, el director ejecutivo regional, Eduardo Jara, presentó su renuncia voluntaria. A su vez, las tres ex funcionarias tenían calificaciones de excelencia en la institución. Sin embargo, la razón argumentada por el fiscal Richards para exigir sus renuncias o expulsarlas de sus cargos fue que habían incurrido en una “falta de confianza personal”.

CUIDADO DE
BIENES PÚBLICOS
La denuncia está compuesta de cinco capítulos. Los más graves se refieren al supuesto “uso abusivo” de facultades reglamentarias, como el nombramiento de suplente de un fiscal que tiene a su esposa trabajando en la Fiscalía Regional, adoptada bajo el decreto 1725/2011, lo cual fue modificado con posterioridad.
A ello se suman supuestas infracciones al deber de cuidado y uso de bienes públicos, en particular, del vehículo asignado al fiscal regional. Además de comisiones de servicio para aparentes fines personales y la posible destinación de asesores para reemplazar al fiscal regional en sus clases en universidades privadas.
Otro punto es la contratación -en julio del 2011- de un psicólogo para realizar una capacitación personal en liderazgo al fiscal regional, a costo institucional, con un total de 20 horas y un pago de 440 mil pesos. Dicha persona, el 7 de noviembre del mismo año, fue nombrada en un alto cargo directivo, a pesar de haber sido compañero de colegio de Mauricio Richards.

 

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