“¿Cuáles son los antecedentes concretos para respaldar sus dichos?”. “Las declaraciones judiciales del señor Alburquenque y de su hija, señoría”. Con este breve diálogo sostenido entre el ministro Hernán González y un abogado de la procuraduría fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se marcó el punto cúlmine de los extensos alegatos realizados ayer ante la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Talca para resolver si se confirma, revoca o incluso amplían a más inculpados los actuales procesamientos por el millonario fraude con un proyecto pro empleo que nunca se ejecutó, hecho que significó la malversación de un total de 10 millones 400 mil pesos que el año 2001 se destinaron para dar trabajo a personas cesantes.
Este caso fue hecho público en agosto del año pasado gracias a una investigación periodística de Diario EL CENTRO, que informó de manera detallada los pormenores de una investigación efectuada por la Contraloría Regional.
En su alegato, el representante del CDE dijo que tras una serie de tramitaciones y diligencias entre los involucrados, el ex integrante del Consejo Regional (CORE) y militante de la Democracia Cristiana (DC), Juan Donoso, procesado por la justicia, recibió finalmente de manos del contratista los 10 millones y fracción, los que se supone estaban destinados a un programa de pro empleo en la zona que, en realidad, no fue ejecutado.