Coletazos de la emergencia vivida en enero y febrero del 2017

Contraloría desnudó las falencias en la entrega de bonos tras incendios forestales

Contundente informe ratifica casos de falsos damnificados y no entrega de beneficios a quienes si cumplían los requisitos. entre otras fallas.

03 Septiembre 2018   7842   Crónica   Diario El Centro
Contraloría desnudó las falencias en la entrega de bonos tras incendios forestales

TALCA.- Bonos mal asignados, damnificados excluidos, mal aplicación de fichas, entre otros, fueron parte de las observaciones hechas por Contraloría Regional en una auditoría efectuada al proceso de recursos percibidos y aplicados por la Intendencia del Maule, relacionados específicamente con el “Bono de Apoyo Habitacional Transitorio” y el “Bono de Enseres”, ambos entregados con motivo de los incendios forestales ocurridos entre enero y febrero de 2017.
El organismo fiscalizador emitió un informe el pasado 20 de agosto, en el cual hace reparos al actuar de la Intendencia maulina y los diversos servicios que tuvieron injerencia en la entrega de los beneficios levantados tras la catástrofe, especialmente a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Para efectos del documento elaborado, Contraloría tomó la información comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

SOBRE LOS BONOS
Respecto al “Bono de Apoyo Habitacional Transitorio”, Contraloría constató la existencia de errores en las nóminas de pago enviadas desde la lntendencia al Banco Estado, dado que los reportes incluían duplicidad de pagos a personas que ya contaban con una vivienda de emergencia o más de un pago realizado a un mismo núcleo familiar, siendo dichos pagos reversados. A modo de ejemplo, Contraloría expuso una nómina de 47 casos donde se identifican los beneficiarios y los motivos por los cuales se solicitó reintegrar la transferencia de fondos, casos que ascienden a una suma de 54 millones de pesos.
Por su parte, en cuanto al “Bono de Enseres”, el ente de control verificó que la Subsecretaría del lnterior no impartió instrucciones de manera formal, respecto del procedimiento de pago del aludido beneficio.

APLICACIÓN DE
FICHA FIBE
En la auditoría realizada, el organismo fiscalizador detectó fallas en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Según los datos recogidos en la Seremi de Desarrollo Social, se determinó que 53 de los 217 funcionarios que aplicaron la ficha FIBE no estaban capacitados para cumplir con dicha labor.
Luego, del análisis de la base de datos de las fichas practicadas se constató que en la Región del Maule se realizaron 3.270 encuestas, de las cuales 173 fueron anuladas, principalmente, por problemas en su aplicación.
También se verificó la aplicación de encuestas a personas que, si bien eran los propietarios de los inmuebles afectados, éstos no residían en sus viviendas, encontrándose al momento de los incendios los referidos domicilios deshabitados, arrendados o bien cedidos a otras personas, por lo tanto, a los propietarios de aquellos inmuebles no les fue afectada su condición de habitabilidad.
Sobre el actuar cuestionado por Contraloría, el seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, afirmó que se está trabajando para ordenar y subsanar los hechos observados. “Recibimos el informe y tenemos 60 días (para dar respuesta). Estamos volviendo a revisar la información que tenemos, a través del ministerio, pero está la Intendencia y el Minvu con quienes nos estamos coordinando para poder responder de manera clara y concreta en base a los fundamentos y los respaldos que tenemos hasta el día de hoy”, expresó.

DAMNIFICADOS EXCLUIDOS
Se comprobó que existen 33 familias que recibieron el pago de la cuota inicial del “Bono de Apoyo Habitacional Transitorio”, por la suma de 400 mil pesos, el día 31 de agosto de 2017 sin que se hayan pagado los meses anteriores aun cuando cumplían con los requisitos para que se cursaran las transferencias de fondos correspondientes, adeudándoseles 39 millones 600 mil pesos. Asimismo, se advirtió el no pago del “Bono de Enseres” a siete personas que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios con la mencionada ayuda.
Se determinó que 27 personas efectivamente poseen la condición de damnificados, cumpliendo los requisitos exigidos para el pago de los bonos, no obstante, dicho desembolso no se materializó al 31 de diciembre de 2017.
Esto obedece a que el 31 de marzo de 2017 se emitió un oficio por parte de la Intendencia, en el cual se establecía la fecha antes mencionada para el cierre de los procesos administrativos relacionados con el ingreso de información de damnificados a través de la ficha FIBE y otros catastros para el pago de los bonos.
En esto, Contraloría concluyó que los servicios relacionados (Intendencia, en coordinación con la Seremi de Desarrollo Social y Serviu) deberán reevaluar los casos y definir la procedencia del pago de los bonos.
Diario El Centro hizo las consultas a la Intendencia y fue el gobernador de Talca, Felipe Donoso, en su calidad de coordinador de la mesa de reconstrucción por los incendios forestales, quien respondió sobre la materia.
“Lo que hemos tomado como decisión con la Intendencia Regional, que es quien paga los bonos, es que se hará lo que Contraloría determine al final de este proceso. Debemos hacer lo que legalmente corresponda, no podemos tomar decisiones apresuradas. Existen cuestionamiento por bonos pagados a personas que no corresponden, hay una investigación judicial que no ha concluido y tenemos que actuar como en derecho corresponda, con la mejor disposición hacia la gente. No podemos llegar y pagar, queremos actuar de manera responsable y no queremos defraudar a las personas”, respondió la autoridad provincial.

FALSOS DAMNIFICADOS
Se verificó que la Intendencia Regional del Maule, pagó un total de 34 millones 800 mil pesos, a 18 personas que no cumplían los requisitos exigidos para recibir los bonos, lo que infringe la normativa vigente.
Cabe mencionar que, por este hecho, hay una denuncia presentada a la Fiscalía Local de Talca y los antecedentes fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado.
Desde la Intendencia respondieron a Contraloría que en algunos casos se suspendió el pago del “Bono de Apoyo Habitacional Transitorio”, recibió reintegro y efectuó un convenio de pago. De todas formas, Contraloría señaló que deberá acreditar con la documentación sustentatoria pertinente la regularización de los casos indicados.
En tanto, el Serviu informó a Contraloría que, en junio de 2018, instruyó un procedimiento disciplinario con el objeto de investigar la irregularidad de los hechos y suspendió cualquier acto de aplicación de subsidios habitacionales otorgados a las personas individualizadas.
Finalmente, Contraloría dejó constancia que, en 35 casos, no se pudo determinar con certeza la pertinencia del pago de los bonos, dado que no fue posible contactar a la persona acreedora del beneficio, haciendo presente que la entidad de control estableció “la existencia de inconsistencias entre las bases de datos analizadas, además de declaraciones confusas, imprecisas e inexactas, entre otros, lo que no permitió acreditar cabalmente la pertenencia de los montos otorgados, constituyéndose lo anterior en una limitación al alcance del trabajo realizado”.

Claudio Rojas