A raíz de un sumario administrativo en contra del jefe comunal talquino

Contraloría instó al Concejo Municipal a iniciar proceso de remoción de alcalde

El alcalde de Talca, asegura que “está tranquilo”. Mientras que los concejales abogan a la ética y, por ende, proceder a concurrir al Tribunal Electoral Regional.

30 Noviembre 2018   2114   Crónica   Diario El Centro
Contraloría instó al Concejo Municipal a iniciar proceso de remoción de alcalde

TALCA.- “Quizás le estoy echando a perder el negocio a alguien con el tema del bypass, no sé”, dijo jocosamente el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, tras ser consultado por el requerimiento realizado recientemente por la Contraloría General de la República, al Concejo Municipal de Talca para comenzar un proceso de solicitud de remoción.


Así entonces, la Contraloría General de la República, instó al Concejo aplicar el artículo 51, inciso tercero de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual reza que: “si como consecuencia de la investigación practicada, la que deberá respetar las reglas del debido proceso, dicho órgano considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del alcalde, deberá remitir los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 60”.
Este último mandato del mismo texto legal resolvería “Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes”.


El hecho es que para poder invocar tales preceptos legales, es necesaria la firma de un tercio del Concejo, es decir, al menos cuatro -de diez- concejales. Y hasta ahora, sólo dos han manifestado públicamente su determinación de llevar adelante este procedimiento, Hernán Astaburuaga (PS) y Sixto González (PC).


Recordemos que estos son los resultados de un sumario administrativo solicitado en 2015 y aprobado en 2017, de un revuelo que estaría tiñendo la gestión de Díaz y que le persigue desde hace algunos años. Esto es, debido a que para el año 2014, cuando Díaz se desempeñaba como alcalde subrogante de la administración anterior, no se abstuvo de firmar un anexo de contrato referente a prestaciones de servicio de aseos, a pesar de “intereses personales”.


Con todos estos instrumentos legales que hacen que su continuidad como alcalde dependan de la firma de al menos otros dos concejales más y la decisión del Tribunal Electoral Regional, el jefe comunal expresó que “acá hay un informe final de la Contraloría, respecto a un tema que ya fue zanjado hace un año por la justicia a mi favor, esto es un tema de larga data del año 2013, que se utilizó también quizá en algún momento de campaña y todo. Yo estoy muy tranquilo y lo que Contraloría nos insta y tampoco llama, es que pone en conocimiento a los concejales, y ellos tienen que ponderar el fondo de la situación y si ellos consideran que yo he ocurrido en un notable abandono en mi periodo de alcalde, obviamente tienen que concurrir al TER”.
En esta línea agregó que “el que quiera magnificarlo y el que lo quiera utilizar mediáticamente, que lo utilice, así funciona lamentablemente la política, pero está ahí y confío en el criterio de los concejales y si más de un tercio piensa que debe concurrir al TER, yo realizaré mi defensa como corresponde”.

 

CONCEJALES
Por su parte, Hernán Astaburuaga hizo ver que existe una responsabilidad ética de cada uno de los concejales y puso como ejemplo la municipalidad de Hualpén, en donde siete concejales fueron destituidos tras eludir un dictamen de la Contraloría con características similares.
“En la eventualidad que el alcalde no se reeligiera y se eligiera otro alcalde, él podría tomar esto y denunciarnos a nosotros por abandono de deberes, porque es nuestra responsabilidad legal como concejales hacer valer nuestra posición de fiscalizar, de representar y normar”, precisó Astaburuaga.
Por su parte, el concejal Sixto González adelantó que cuentan con el número significativo de concejales para llevar la acción que corresponde.


“Nosotros estamos llevando a cabo las conversaciones con los concejales que deberían tomar parte. Si esta cuestión no es un tema de que a mi me guste o no me guste, no es un tema de que me caga bien o mal el alcalde. Pero aquí hay un tema de responsabilidad pública frente a la ciudadanía”, concluyó González.

Anaís Duque

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