Se habría apropiado de dinero de sus clientes

Fiscalía investiga a abogado curicano por prevaricación

Junto a la formalización, se fijó nueva audiencia para junio próximo a fin de “explorar” una salida alternativa, pero “siempre y cuando se satisfaga a la víctima, en cuanto a recuperar su patrimonio”, dijo el fiscal a cargo de la investigación.

17 Abril   1070   Crónica   Mauricio Poblete
Fiscalía investiga a abogado curicano por prevaricación

En el Juzgado de Garantía de esta ciudad se desarrolló ayer la formalización de cargos criminales contra un abogado curicano, como presunto autor del delito de prevaricación. El ilícito se habría registrado luego que este profesional, supuestamente, se apropiara de especies y dineros avaluados en más de 200 millones de pesos, los cuales eran de propiedad de una de sus clientas.


La audiencia se desarrolló ante la jueza, Muriel Molina, donde el fiscal, Rodrigo Pizarro, expuso los antecedentes previos a la investigación, ahora formalizada, en que se denuncia al imputado, Ricardo Rojas Menares, de haber aprovechado su condición profesional para quedarse con bienes y recursos de la denunciante, Victoria Rubio Mori.


“Los hechos en dicen relación que esta persona en su calidad de abogado y aprovechándose de esta condición, habría adquirido una serie de bienes de la víctima”, explicó el fiscal Pizarro, añadiendo que la denunciante confió en el profesional, incluso “en algún momento le entregó un mandato amplio, y esta persona (el abogado) lo que hizo fue aprovecharse para traspasar los bienes de la víctima a su propio patrimonio”.


El persecutor agregó que el imputado se “habría aprovechado de los problemas personales de la víctima, y de la confianza que ella le tenía, en que él haría una defensa a sus negocios, pero en realidad, ocurrió todo lo contrario”, reiteró el fiscal, anunciando que todo lo presuntamente defraudado superaría los 200 millones de pesos.


MEDIDA CAUTELAR
En la audiencia, junto con la formalización por el delito de prevaricación, se determinó aplicar la medida cautelar de arraigo nacional, mientras que el plazo de cierre de la investigación fue fijado en 90 días. Asimismo, para el próximo 14 de junio se fijó nueva audiencia en la que se “explorará” una salida alternativa.


Al respecto el fiscal afirmó que en esa instancia se pudiera llegar a una salida alternativa, pero “siempre y cuando se satisfaga a la víctima, en cuanto a recuperar su patrimonio, el patrimonio perdido”, aseguró.


Por su parte, Cecilia Ibarra, defensora privada del imputado, dijo que a su juicio “no se cumplen los presupuestos legales por los cuales mi representado se encuentra hoy formalizado, entonces, nos vamos a regir por lo que arroje la investigación propiamente tal, ya que hay una fase civil que debió haberse agotado antes de llegar a esta instancia penal”.

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