Absolución a sacerdote

La salida a la luz el pasado fin de semana de la resolución emitida por el Tribunal Eclesiástico plantea una serie de interrogantes, las que se resumen en una. Si los antecedentes que fueron investigados son los mismos ¿Por qué la justicia civil llegó a una conclusión totalmente opuesta?

18 Octubre 2016   3   Editorial   Gustavo Alvarado

Tras varios años de investigación, en un fallo unánime, el Tribunal Eclesiástico con sede en Santiago no dio pie a la denuncia por abuso sexual en contra de un menor de edad que fue presentada contra el sacerdote claretiano Francisco Javier Cartes Aburto.

El vicario General de la Diócesis de Talca, Mario Molina, fue el encargado de dar lectura a los seis puntos incluidos en un comunicado, texto donde se recalca que tras una larga investigación, dicho estamento no alcanzó la “certeza moral, respecto de la veracidad de los hechos” en su momento denunciados, “y por lo tanto, tampoco de la culpabilidad” del aludido religioso, recalcando que no habría “pruebas ni indicios de prueba que apunten” a ello.

Se trata de un fallo a favor del religioso, que contrasta con lo que sucedió en la justicia penal, donde a fines del 2012 Francisco Cartes fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó (fallo que fue ratificado de manera posterior por la Corte Suprema) como autor consumado de dos delitos de abuso sexual en perjuicio de un menor de edad, hechos que según la investigación, fueron perpetrados entre el 2008 y 2009.

A esto se suma otro delito que se refiere a la exposición a actos de significación sexual para procurar excitación, lo que según tribunales fue consumado por el religioso a fines del mes de noviembre de 2009. La sentencia en lo penal implicó para Cartes su inhabilitación de cargos públicos durante el tiempo de la condena (cinco años),  lo que se suma a la privación de ejercer profesiones en el ámbito educacional, o que involucren una relación directa con personas menores de edad por el lapso de 10 años.

El referido tribunal le concedió al sacerdote el beneficio alternativo de condena, bajo la modalidad de libertad vigilada, debiendo en este caso, dar cuenta de su paradero cada tres meses. Además se le tomó una huella genética, la que fue incluida en el registro nacional por condenados en casos de índole sexual.

Si bien la resolución eclesiástica no influye en la sentencia de la justicia penal, aquel fallo, que solo considera una “amonestación”, implica el levantamiento de la suspensión “ad cautelam” que pesaba sobre el religioso, la cual no le permitía ejercer de manera pública sus funciones como sacerdote.

“En cuanto a la iglesia, lo que le pudo haber suspendido, se lo devuelve, porque lo encontró inocente”, subrayó el vicario Mario Molina a fin de aclarar dicho punto.

Junto con manifestar su alegría, el padre Cartes reconoció que tras esto, buscará la “reapertura” del juicio civil. La salida a la luz el pasado fin de semana de la resolución emitida por el Tribunal Eclesiástico plantea una serie de interrogantes, las que se resumen en una. Si los antecedentes que fueron investigados son los mismos ¿Por qué la justicia civil llegó a una conclusión totalmente opuesta?