Actas perdidas

Aquella “omisión funcionaria”, como señaló el secretario general de la Cámara Baja es un elemento más que se puede añadir a la desconfianza que la ciudadanía tiene hacia las instituciones públicas.

05 Febrero 2017   20   Editorial   Gustavo Alvarado

El pasado 1 de febrero, el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, aclaró que no había “pérdida de actas” de la Comisión de Pesca, durante el periodo de discusión de la Ley 20.657.

El funcionario precisó que en un periodo investigado por la fiscalía (agosto 2011 a mayo 2012) se detectó que no se realizaron por parte de la comisión todas las actas, que -según dijo-no son más que un resumen ejecutivo por escrito de la sesión. Del total de sesiones donde se debatió la citada ley, se constató que faltó realizar tres actas de un total de 29, en el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2011 y el 10 de julio de 2012, donde se discutió la citada Ley de Pesca.

Sin embargo, precisó, se cuenta con los respectivos libros de actas (cuatro en total) que sí contienen toda la información de cada sesión y a partir del cual se realizan los citados resúmenes, además de los registros de audio y video -cuando fueron sesiones televisadas.

Ante este hecho, el actual secretario de la Cámara reconoce que hubo una omisión funcionaria y por ello ordenó una investigación sumaria y se instruyó recuperar la información y redactar las respectivas actas, que serán remitidas a la fiscalía junto a los registros de audio y video que correspondan.

También, respecto de la existencia de un registro detallado de asistentes a las sesiones, desde la Corporación también aclaran que hasta antes de la vigencia de la Ley del Lobby (marzo de 2014) solo se exigía llevar un registro de expositores e invitados de la comisión a las sesiones, no así de todo el público que asistía a ellas.

Esto, ya que, de acuerdo a las normas vigentes en materia de transparencia, desde el año 2010 las sesiones de comisiones de la Cámara son públicas sin que exista ninguna limitación para su asistencia, salvo el espacio físico o que se trate de materias que por ley requieren reserva para su discusión.

Aquella “omisión funcionaria”, como señaló el secretario general de la Cámara Baja es un elemento más que se puede añadir a la desconfianza que la ciudadanía tiene hacia las instituciones públicas, más aun tratándose netamente del ámbito político y parlamentario. ¿Quién puede asegurar ahora que la recuperación de la información contenida en los libros de actas? Es una pregunta válida, a la luz de esta “omisión funcionaria”.