Agua potable rural

El acceso al agua potable es un derecho que el Estado debe procurar en beneficio de una sociedad más justa y equitativa.

30 Septiembre 2016   8   Editorial   Gustavo Alvarado

Se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales, el que permitirá contar con una institucionalidad que permita regular adecuadamente el tema y de paso beneficiar al millón 700 mil personas que utilizan este sistema de abastecimiento.

El Programa de Agua Potable Rural se inició en marzo de 1964, con la firma del primer contrato de préstamo con el Banco Interamericano del Desarrollo, cumpliendo así más de 50 años de existencia con una inversión cercana a los U$ 1.500 millones, de la cual más del 50% se ha realizado a partir de 1994.

Actualmente, existen en el país unos 1.694 sistemas de agua potable rural, con una población beneficiada de más de 1.700.000 habitantes.

 En lo medular, el objetivo de la iniciativa consiste en establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, pudiendo identificarse algunos objetivos específicos como fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en materia de agua potable rural, preservando su carácter participativo; incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema de Agua Potable Rural (APR), que pasará a ser el Sistema de Servicios Sanitarios Rurales; incorporar el saneamiento rural y definir con claridad los diversos roles del Estado en la materia.

Según explicó el senador Juan Antonio Coloma, este proyecto “es muy importante  porque cambia todo el esquema de agua potable rural”.

Agregó que hoy día  esto es un tema de una magnitud y de una necesidad de inversión técnica muy grande. "Por eso que aquí se ha hecho una ley largamente estudiada que va a contar con una nueva institucionalidad y la idea es que en el agua  potable rural sea de verdad un derecho y que no solamente incluya la extracción dela gua, sino que también una mejor distribución un mejor acceso a lugares más difíciles y un saneamiento", indicó.

En este sentido, se crea una institucionalidad especial puesto que se le da un estatus distinto a través de una subdirección que va a tener como objetivo excluyente la preocupación de estas tareas, de todo un nuevo diseño y de cómo se accede a los  beneficios.

Este texto permitirá en el futuro contra con un mecanismo que gestione de forma eficiente un tema de gran sensibilidad social y que constituye un parámetro importante para definir el desarrollo y progreso de familias que viven en sectores apartados.

El acceso al agua potable es un derecho que el Estado debe procurar en beneficio de una sociedad más justa y equitativa.