Apoyo de municipios

Debe recordarse que aún en las condiciones de calamidad pública, los municipios y funcionarios intervinientes se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento a los principios de juridicidad y probidad.

03 Febrero 2017   7   Editorial   Gustavo Alvarado

A raíz de la catástrofe ocurrida en la zona central del país con los incendios forestales que han arrasado con extensas superficies de plantaciones forestales, matorrales y bosque nativo, además de viviendas, muchos funcionarios del aparato público han cumplido labores en las áreas afectadas.

Bajo el principio de la solidaridad entre vecinos, los municipios han dispuesto de personal para socorrer a los habitantes afectados, lo que podría generar inconvenientes administrativos por el simple hecho de actuar fuera de la jurisdicción territorial del órgano, en este caso municipio.

Entendiéndose que se trata de una situación excepcional, incluso bajo un decreto especial como es el de Estado de Catástrofe y de Excepción Constitucional, la Contraloría General de la República fijó el criterio para el accionar de los funcionarios municipales en situaciones como la que están viviendo varias regiones del país, incluida la del Maule.

El dictamen del órgano de control establece que “los entes edilicios se encuentran facultados para realizar, directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado: funciones relacionadas, en lo que importa, con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes”.

Más adelante, señala que “la regla general es que las municipalidades pueden desarrollar sus funciones dentro de la comuna o la agrupación de comunas establecidas como su ámbito territorial de competencia y que, solo excepcionalmente, es posible que aquellas, alguno de sus órganos o de sus funcionarios, puedan actuar válidamente fuera de los límites comunales. Sin embargo, ante situaciones de emergencia o catástrofe de tal magnitud que reclamen la colaboración de otros órganos de la Administración del Estado que se encuentren en condiciones de prestar el auxilio en esas situaciones excepcionales, y considerando el deber estatal  de otorgar protección a la población y el principio de coordinación administrativa (…)es posible concluir que las municipalidades se encuentran facultadas para desarrollar la anotada función más allá de los límites de la comuna o agrupación de comunas respectivas.

Lo anterior en la medida que la zona donde se produjo o se está produciendo la catástrofe haya sido declarada como tal por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través del decreto respectivo (…) y que la gravedad de la situación justifique la intervención de los entes edilicios en cuestión, en atención a la magnitud de la emergencia y los daños de consideración generados o que podrían generarse, circunstancia que deberá ser ponderada por las municipalidades”.

La resolución de Contraloría establece que para los efectos que se han mencionado, las municipalidades que resuelvan prestar su colaboración, deberán coordinar su acción con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), sin perjuicio del deber de actuar en coordinación con los intendentes, los gobernadores  y los Gobiernos Regionales.

Finalmente, debe recordarse que aún en las condiciones de calamidad pública, los municipios y funcionarios intervinientes se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento a los principios de juridicidad y probidad.