Aprender de los errores

Lo que deben entender las autoridades que se ven enfrentadas a una instancia judicial, es que existe un bien superior –en este caso la probidad del servicio público- que debe ser respetado y protegido.

15 Abril 2017   6   Editorial   Gustavo Alvarado

El “derecho a pataleo” es parte de la idiosincrasia del chileno. Y si bien se trata de la legítima opción ciudadana de reclamar ante lo que se considera injusto, en algunos casos pasa a ser una simple caricatura de la obstinación  sin sentido.

Algo de esa testarudez se puede apreciar en las reacciones de algunos de los concejales (en ejercicio y otros que dejaron el cargo) condenados por fraude al Fisco en el denominado “caso de concejales viajeros” en Curicó.

Se trata de una decisión del Juzgado de Garantía de Curicó que condenó a los ediles en ejercicio Jaime Canales, Mario Undurraga y Leoncio Saavedra; y a los ex concejales Julieta Maureira, Luis Trejo, Enrique Soto, Luis Rojas Zúñiga, Miguel Ángel Limardo y Nelson Trejo. Fueron absueltos los transportistas Mikel Cruz y Jorge Vergara.

El tribunal estimó que el fraude se concretó luego que los imputados no reintegraron diversos montos ligados a viáticos otorgados por el municipio, teniendo la obligación legal de hacerlo en su condición de funcionarios públicos.

Como era de esperar, el fiscal del caso mostró su conformidad con el veredicto. Y, también, como indicaba la lógica, los imputados no quedaron conformes. Argumentaron que ellos sí habían asistido a las capacitaciones y que su error fue presentar equivocadamente las boletas.

“Nunca se ha robado un peso”, dijo uno de los concejales en ejercicio. Mientras que otro acotó que su error fue adjuntar una boleta que “no correspondía al gasto”.

Cuando un tribunal de justicia en Chile dicta sentencia, más aún después de la Reforma Procesal Penal, se asume la legalidad del proceso. En ese contexto, la conformidad o disconformidad que dicha resolución pueda generar en los intervinientes es solo una expresión personal, entendible según sea el caso, pero desprovista de alcance legal.

Lo que deben entender las autoridades que se ven enfrentadas a una instancia judicial, es que existe un bien superior –en este caso la probidad del servicio público- que debe ser respetado y protegido.

Si lo que hicieron los concejales fue un error, uno que está sancionado por nuestra legislación, deben atenerse a las consecuencias y, bueno, corregir. Porque, se sabe, de los errores se aprende.