Asesorías

Ahora bien, si uno quisiera ser más suspicaz en el análisis, quizás podría llegarse a la conclusión que hay toda una maquinaria establecida para efectuar este tipo de operaciones.

10 Septiembre 2017   20   Editorial   Gustavo Alvarado

Esta semana que está terminando nuevamente fuimos testigos de prácticas alejadas del buen proceder en el mundo político. Las asesorías pagadas por parlamentarios, en donde no eran más que copias y citas textuales de trabajos de otras personas van dejando varios elementos para reflexionar o sacar conclusiones.

Millonarios desembolsos en la Cámara de Diputados a asesores externos y consultoras por textos que en muchos de los casos no alcanzan a superar en extensión a una simple tarea o trabajo escolar, dan para pensar, siendo buen intencionado de pensamiento, que hay una falta de prolijidad a la hora de cancelar trabajos con graves vulneraciones a la propiedad intelectual.

En una declaración pública, la Cámara de Diputados, en tres puntos, comienza poniendo por delante “su compromiso y disposición hacia la mayor transparencia”, aunque el concepto de transparencia es ya una condición inexcusable en el actuar de cualquier institución. Por eso, llama la atención que desde el Senado, de manera inmediata, la primera reacción fue contraria y con un “telefonazo” el presidente de la corporación, Andrés Zaldívar, manifestó su molestia al fiscal nacional, Jorge Abbott, por el oficio que solicitaba la totalidad de informes y contratos que respaldan las asesorías externas.  

En el segundo punto de la declaración de la Cámara Baja se señala que existe un Comité de Auditoría que se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha. Finalmente, se expresa que “la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”. Falta saber hasta qué áreas llegará ese plan de control (¿asesorías, viáticos, pasajes, teléfonos, sedes parlamentarias?).

Ahora bien, si uno quisiera ser más suspicaz en el análisis, quizás podría llegarse a la conclusión que hay toda una maquinaria establecida para efectuar este tipo de operaciones. Más aún, tomando en consideración que muchos de los informes cancelados provienen de centros de pensamiento o fundaciones ligadas o al alero de los propios partidos políticos.

 

Esta semana que está terminando nuevamente fuimos testigos de prácticas alejadas del buen proceder en el mundo político. Las asesorías pagadas por parlamentarios, en donde no eran más que copias y citas textuales de trabajos de otras personas van dejando varios elementos para reflexionar o sacar conclusiones.

Millonarios desembolsos en la Cámara de Diputados a asesores externos y consultoras por textos que en muchos de los casos no alcanzan a superar en extensión a una simple tarea o trabajo escolar, dan para pensar, siendo buen intencionado de pensamiento, que hay una falta de prolijidad a la hora de cancelar trabajos con graves vulneraciones a la propiedad intelectual.

En una declaración pública, la Cámara de Diputados, en tres puntos, comienza poniendo por delante “su compromiso y disposición hacia la mayor transparencia”, aunque el concepto de transparencia es ya una condición inexcusable en el actuar de cualquier institución. Por eso, llama la atención que desde el Senado, de manera inmediata, la primera reacción fue contraria y con un “telefonazo” el presidente de la corporación, Andrés Zaldívar, manifestó su molestia al fiscal nacional, Jorge Abbott, por el oficio que solicitaba la totalidad de informes y contratos que respaldan las asesorías externas.  

En el segundo punto de la declaración de la Cámara Baja se señala que existe un Comité de Auditoría que se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha. Finalmente, se expresa que “la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”. Falta saber hasta qué áreas llegará ese plan de control (¿asesorías, viáticos, pasajes, teléfonos, sedes parlamentarias?).

Ahora bien, si uno quisiera ser más suspicaz en el análisis, quizás podría llegarse a la conclusión que hay toda una maquinaria establecida para efectuar este tipo de operaciones. Más aún, tomando en consideración que muchos de los informes cancelados provienen de centros de pensamiento o fundaciones ligadas o al alero de los propios partidos políticos.