Cables aéreos

Hay una enorme cantidad de cables en desuso que no son retirados de los tendidos públicos causando un sobrepeso y, por ende, peligro para los transeúntes

27 Junio 2017   16   Editorial   Gustavo Alvarado

Durante estas últimas semanas de sucesivos temporales en la zona centro sur del país hemos debido lamentar cortes de diversos servicios públicos que emplean cables aéreos para transportar sus señales o energías.

Es el caso de la electricidad,  televisión por cable, telefonía fija e internet alámbrica. Los fuertes vientos han causado estragos producto de la caída de postes y árboles sobre el tendido.

Más aún, estos cortes se han prolongado por varios días provocando la indignación de los usuarios y de las autoridades que, dicho sea de paso, poco han fiscalizado

Pero, más allá de ello, hay una enorme cantidad de cables en desuso que no son retirados de los tendidos públicos causando un sobrepeso y, por ende, peligro para los transeúntes.

En nuestra región se comienza a trabajar en la materia, de forma lenta pero esperamos que segura. Frente e ello, la Cámara de Diputados inició el debate destinado a regular el manejo de los cables aéreos, particularmente aquellos que se encuentran en desuso.

El proyecto define, concretamente, que “las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro elemento perteneciente a la red que no se encuentren en funcionamiento deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios en el plazo de tres meses desde que hubieren dejado de prestar utilidad".

Además, establece que, en el caso de incumplimiento de esta disposición, "las municipalidades podrán retirar estos elementos a costa del respectivo concesionario" y su cobro se regirá por el procedimiento establecido la Ley de Rentas Municipales (art. 47).

Asimismo, se determina que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán, a solicitud de la municipalidad correspondiente a su área de concesión, informar acerca de los apoyos de servicios de telecomunicaciones, desagregados por empresa, con la finalidad de contar con la información para hacer aplicable lo establecido en el inciso anterior.

Con todo, la infracción será sancionada por el Juez de Policía Local competente con una multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales a beneficio municipal.

Atinadas medidas que apuntan en la dirección de retirar estos verdaderos enjambres de cables que afean nuestras ciudades y que son un peligro latente. Lo ideal sería legislar en favor del soterramiento de estos cables, materia que por ser mucho más costosa es poco utilizada. Sin embargo, sería en extremo provechosa puesto que ordenaría y entregaría seguridad a los suministros de servicios que utilizan estas redes.