Cambios a la ley penal adolescente

Mas que “endurecer” estas normas, lo importante es que se escuche a las víctimas

09 Septiembre 2018   11   Editorial   Gustavo Alvarado

Una polémica pública ha generado el caso -a esta altura casi emblemático- de un menor de 17 años que, a la fecha, totaliza 41 detenciones policiales, en su gran mayoría, ya sea porque no asiste a las citaciones a audiencias judiciales, pero también porque incurre reiteradamente en delitos contra la propiedad en la zona centro oriente de Talca.
Se trata de una situación que tiene una explicación legal aparentemente simple de entender, pero compleja de solucionar. Ocurre que el delito de robo con fuerza en lugar no habitado está sancionado con una pena no aflictiva, es decir, menos de cinco años de presidio. Y la ley de responsabilidad penal adolescente impide expresamente que un menor sea objeto de una medida cautelar de internación provisoria en un centro cerrado por una formalización de este tipo de delitos.
A ello se suma que, según reveló el Servicio Nacional de Menores (Sename), este adolescente es totalmente refractario a los programas de intervención. Incluso a la fecha tiene pendiente una audiencia por quebrantamiento de una condena a un programa de régimen semicerrado con programa de reinserción social, por lo cual, esta institución sólo puede limitarse a informar a la judicatura especializadad en ley penal adolescente.
Pero hay más, porque el Sename también reveló que este menor no cuenta con familiares responsables. En definitiva, se trata del peor escenario posible, porque la única forma de que este adolescente ingrese a un centro cerrado y sea objeto de programas de intervención, es que literalmente incurra en un delito todavía más grave, lo cual obviamente significa un claro perjuicio para toda la sociedad y las posibles víctimas.
En el tema de fondo subyacen las falencias manifiestas de la ley de responsabilidad penal adolescente, donde si bien se otorgan herramientas y facultades para juzgar a los menores, en una perspectiva de buscar la reparación e incorporación de estos jóvenes a la sociedad, en la práctica esto ha sido aprovechado por adultos que utilizan a los adolescentes para delinquir o por niños que se van transformando en “imputados prolíficos”.
Más que “endurecer” estas normas, lo importante es que se escuche a la víctimas, quienes ven con impotencia que la labor de Carabineros o la PDI literalmente no sirve de nada, cuando la ley parece abiertamente proteger que se sucedan y sucedan actos delictuales. Se trata, sin duda, de un fenómeno que no es aislado y que demuestra que la reincidencia delictual parecer ser cada vez más reiterado en los casos de menores de edad. Allí es donde se necesita una mano severa, pero que también otorgue protección.