Casas deshabitadas

Claramente quienes postulan y reciben una vivienda a través de un subsidio habitacional del Estado lo hacen porque necesitan de esta vía para obtener la casa propia, ya que de lo contrario, pueden optar por la banca privada.

14 Noviembre 2016   12   Editorial   Gustavo Alvarado

Preocupantes resultados arrojó el proceso de fiscalización que dispuso la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respecto a la ocupación de casas entregadas con subsidios estatales en la región, por cuanto estableció que existe entre un 12 a 15% que no están habitadas por sus respectivos beneficiarios.

La situación motivó al Seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, a anunciar que dicha cartera de gobierno iniciará acciones legales –esto es, demandas de restitución ante los respectivos Juzgados de Letras- para lograr la devolución de las viviendas no habitadas, para reasignarlas a personas que realmente las necesitan.

La autoridad subrayó que no se trata de acciones aisladas, recordando que en fecha reciente se eliminó de los registros de licitaciones públicas del Ministerio de Vivienda a la empresa constructora Independencia, debido a problemas en la construcción de casas de “fachada continua” detectadas en el barrio Santa Ana de Talca,

El Seremi destacó que las únicas causales que eximen a algún beneficiario de subsidio para no ocupar su vivienda, de forma temporal, se refieren a situaciones de fuerza mayor, entre ellas, que el dueño de la casa se encuentre hospitalizado o cumpliendo condena en una cárcel, así como también al cuidado de algún familiar.

A modo de explicación del fenómeno de viviendas desocupadas construidas con subsidios, Rodrigo Sepúlveda destacó que se ha detectado que “las entidades patrocinantes como las constructoras, con el fin de postular a nuestros proyectos, construyen sus demandas habitacionales en base a componentes artificiales”.

Los anuncios de la autoridad regional en materia de vivienda constituyen no sólo un ejemplo, en cuanto a transparentar un fenómeno que debe ser regularizado para optimizar el gasto de fondos públicos, sino que también debe llamar la atención de la ciudadanía en cuanto a que se aplicará un criterio de justicia social.

Claramente quienes postulan y reciben una vivienda a través de un subsidio habitacional del Estado lo hacen porque necesitan de esta vía para obtener la casa propia, ya que de lo contrario, pueden optar por la banca privada. Y es muy apropiado que las instituciones que entregan los beneficios fiscalicen su efectividad en terreno.

En esto, la propia comunidad tiene un rol preponderante, en términos de denunciar fundadamente hechos irregulares de los cuales tengan conocimiento, ya que de lo contrario, se vuelven literalmente cómplices de hechos reñidos con la ley y que afectan a otras personas que esperan concretar el sueño de la casa propia.

Un impulso similar de fiscalización debe inspirar a otras entidades públicas que también han entregado importantes beneficios, especialmente, tras el terremoto de febrero del 2010. Los casos son variados y apuntan a que luego del megasismo se otorgaron fondos para proyectos de los cuales nunca se supieron sus resultados.

Una acción activa y no reactiva del Estado es una clara señal de que los tiempos están cambiando y que no se permitirá que se cometan irregularidades con fondos públicos. La ciudadanía no puede estar menos que atenta a colaborar con esta labor fiscalizadora, porque de lo contrario, los perjudicados somos todos.