Ciber acoso escolar

(…) el establecimiento educacional debe establecer medidas reparatorias para la víctima y su familia, así como también que sea deber colaborar sustancialmente con la investigación penal o con el procedimiento civil (…)

07 Marzo   12   Editorial   Gustavo Alvarado

“Se entenderá por ciber acoso escolar cualquier tipo de agresión u hostigamiento, difamación o amenaza, a través del envío de mensajes, publicación de videos o fotografías en cualquier red social, medios tecnológicos e internet, realizada por uno o más estudiantes en contra de otro estudiante”.
Esta es la definición incorporada en el proyecto de ley que regula el ciber acoso en la comunidad escolar y que fue aprobado por unanimidad en la Sala de la Cámara de Diputados.
Esta tramitación legal trae a la memoria el espeluznante caso de la joven Katy Winter, una adolescente que termina suicidándose en el baño de una cafetería, atormentada por el bullying que sufrió a través de las redes sociales, de parte de su entorno escolar.
Una vez más, como suele suceder en nuestro país, el trabajo legislativo viene después de casos de alta connotación social. Es un andar reactivo y no proactivo referente al actuar de la sociedad, porque, dicho sea de paso, el acoso escolar y ciber acoso es una práctica que ya se había instalado a medida del crecimiento en la población de las oportunidades de acceso a las plataformas digitales.
Ahora bien, más allá de esta reflexión, la intención es establecer la necesidad de que los establecimientos educacionales cuenten con planes de gestión sobre convivencia escolar, que incorporen un protocolo preventivo de estas conductas, así como planes de promoción del buen uso de los medios tecnológicos o digitales de comunicación, junto con medidas reparatorias para la víctima y su familia.
En particular, la propuesta introduce en el marco normativo vigente el concepto de ciber acoso escolar, que curiosamente no estaba en la legislación, pese a que el crecimiento en el acceso a Internet ha sido sostenido desde hace varios años ya.
Junto con ello, se indica que todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que deberá elaborar un plan de gestión sobre convivencia escolar, el que deberá incorporar un protocolo preventivo de conductas constitutivas de acoso y ciber acoso escolar que sirva de base para advertir señales que den cuenta de este tipo de agresiones.
Pero lo más relevante, entre otras normas, es que el establecimiento educacional debe establecer medidas reparatorias para la víctima y su familia, así como también que sea deber colaborar sustancialmente con la investigación penal o con el procedimiento civil, según corresponda, aportando todos los antecedentes relevantes con los que cuente, ya que muchas veces, estos quedan impunes porque el mismo establecimiento les baja el perfil.