Cierre de calles y pasajes

Persiste en la población una sensación de inseguridad producto especialmente de los robos que se registran a domicilios particulares

20 Marzo 2017   4   Editorial   Gustavo Alvarado

Pese a estudios oficiales que muestran una caída en los delitos de mayor connotación en el país y nuestra región, persiste en la población una sensación de inseguridad producto especialmente de los robos que se registran a domicilios particulares, en especial cuando sus moradores se encuentran ausentes en horas laborales.

Para subsanar este problema de seguridad pública se han impulsado una serie de medidas que van desde la contratación de guardias hasta cadenas de vecinos, grupos de Whatsup y alarmas comunitarias.

Sin embargo, una de las más efectivas pareciera ser el cierre de calles de una vía y pasajes, dado que implica un mayor control de quienes ingresan al sector, evitando la llegada de desconocidos.

Esta medida se fundamenta en el literal c) del artículo 5° de la ley N° 18.695, que señala que "las municipalidades podrán autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Dicha autorización requerirá el acuerdo del concejo respectivo. El plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual periodo, salvo resolución fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del concejo".

Sin embargo, para acceder a esta medida es necesario contar con un informe previo de las direcciones o unidades de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna, además de la aprobación de, a lo menos, 90% de "los propietarios de los inmuebles o de sus representantes cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que será objeto del cierre".

Este alto porcentaje puede ser un impedimento dado que en muchas ocasiones las propiedades son arrendadas y los arrendatarios cambian constantemente. Esto se vuelve un problema a la hora de obtener el quórum necesario y, por lo mismo, solicitudes de medidas de cierre pueden no concretarse debido a no contar con este requisito.

Por ello, hace un par de años se presentó un proyecto de ley que rebaja la cantidad de vecinos para aprobar la medida de "a lo menos 90 por ciento" a "mayoría simple".

También se agrega un artículo que eleva el quórum para eliminar estos cierres de "a lo menos, el 50 por ciento" a "70 por ciento”.

 Estos dos simples cambios permitirían una mayor agilidad a la hora de tomar decisiones que favorecen a los habitantes de un sector, permitiéndoles una mayor seguridad y tranquilidad.