Colapso de relave minero

Así fue como el terremoto provocó que la verdadera montaña de tierra y barro se desparramara por el valle, arrasando con la casa donde vivían las cuatro víctimas fatales y dejando una capa de sustancias tóxicas.

05 Septiembre 2016   10   Editorial   Gustavo Alvarado

En un principio la tragedia pasó desapercibida, pero ocurrió durante la fatídica madrugada del terremoto del 27/F. La explicación más simple es que los efectos del desastre en distintos sectores urbanos de Talca y la lejanía del sitio del suceso evitaron que la información llegara rápidamente a las autoridades a cargo de la emergencia.

Pero con el paso de los días se conoció la real magnitud de lo que había ocurrido en el valle de Las Palmas, en la comuna de Pencahue, y sus terribles consecuencias ambientales y humanas, ya que le costó la vida a un matrimonio y sus dos hijos, quienes desde hace años cuidaban un predio agrícola de propiedad particular.

En fecha reciente y luego de terminar una exhaustiva investigación, el Tribunal Ambiental de Santiago estableció que la principal causa fue el actuar negligente de la entonces empresa minera Las Palmas, uno de cuyos propietarios era Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo de un ex senador y ex candidato presidencial.

La compañía explotó por años una faena de extracción de oro en el valle, lo cual arrojó como principal residuo un relave de gran tamaño, contenedor de sustancias tóxicas producto del uso de elementos químicos para separar el mineral de los otros componentes de la tierra. Pero todo se complicó al momento de abandonar las faenas.

El tribunal estableció que la empresa no sólo dejó sin desarmar las estructuras construidas para dichas labores, sino que tampoco adoptó el procedimiento reglamentado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para el cierre del relave y manejo de residuos peligrosos para el medio ambiente.

Así fue como el terremoto provocó que la verdadera montaña de tierra y barro se desparramara por el valle, arrasando con la casa donde vivían las cuatro víctimas fatales y dejando una capa de sustancias tóxicas. El fallo concluyó que nada de eso habría ocurrido si se hubieran adoptado las medidas preventivas de rigor.

Los jueces condenaron a la empresa -actual Sociedad Contractual Minera Tambillos- a ejecutar un Programa de Reparación Ambiental (PRA) “con el fin de asegurar la estabilidad física y química del relave, recuperar los atributos dañados de los suelos y aminorar el riesgo para la seguridad y salud de las personas y el medio ambiente”.

El programa contempla un conjunto de acciones que van desde la arborización con especies resistentes hasta evitar futuros derrames a raíz de nuevos sismos, así como asegurar la impermeabilidad de la carpeta de plástico que actualmente cubre todo el tranque y canalizar las aguas lluvias para evitar contaminar el subsuelo.

Entre ellas destacan, por su relevancia para todo el ecosistema del sector, que en caso de comprobar que el relave ha afectado al medio ambiente, la empresa debe elaborar un proyecto de redisposición o reembalse del relave, incluyendo la construcción de un posible muro de contención que impida la infiltración de las aguas.

Para ello, el tribunal ambiental dispone que “los plazos, duración, control de su ejecución, mantención y logro de los objetivos del programa serán aprobados por las autoridades ambientales”. Es en éste último punto donde la opinión pública debe velar porque dichas instancias sean estrictas para fiscalizar que se cumplan las medidas.

Un dato anexo es que, respecto a las víctimas fatales, la empresa llegó a acuerdo económico con sus representantes legales, además de una compensación social a la comunidad de Pencahue. Pero todo ello servirá de poco si quienes tienen la responsabilidad de controlar no aplican todo el rigor necesario para mitigar el perjuicio.