Combate a incendios forestales

Hay que reforzar las campañas de prevención para crear conciencia sobre este grave problema.

01 Diciembre 2017   12   Editorial   Gustavo Alvarado

En estos días comienza el periodo de mayor riesgo de incendios forestales, el que se prolongará por todo el verano hasta fines de marzo. Todavía está fresco el recuerdo de la devastación registrada a principios de año, donde miles de hectáreas fueron arrasadas por el fuego y centenares de familias perdieron sus hogares.
Un primer balance entregado esta semana muestra cifras alentadoras en relación al año pasado, con menos de la mitad de siniestros y casi 90 por ciento menos de superficie afectada.
Sin embargo, no es la hora de la complacencia, sino la de redoblar los esfuerzos, puesto que la gran mayoría de los incendios forestales tiene un componente humano en su origen. Por ello, hay que reforzar las campañas de prevención de manera de crear conciencia sobre este grave problema.
La Corporación Nacional Forestal tiene la responsabilidad de llevar adelante las acciones tendientes a la prevención y combate de los siniestros.
Justamente, ese es el sentido del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, que busca establecer una corporación de derecho privado con atribuciones públicas. Asimismo, busca dar protección contra incendios forestales, a través de una institucionalidad que cuente con personal y capacidades especializadas, junto con herramientas adecuadas para combatir eficazmente los incendios forestales y prevenir que estos ocurran.
En lo que respecta a las normas especiales sobre protección de incendios forestales y emergencias, el Servicio podrá elaborar planes regionales de protección contra estos siniestros, sobre la base de mapas de prioridades de protección regional con el fin de reducir la ocurrencia, propagación y daños de estos, como los costos asociados a su control.
Finalmente, el patrimonio de este nuevo Servicio estará constituido por los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos; los otorgados por leyes especiales; los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran; las donaciones, herencias o legados que acepte; los aportes de la cooperación internacional; los ingresos propios que obtenga por cobro de tarifas, concesiones y permisos; el producto de la venta de bienes que administre y otros ingresos propios y aportes que perciba en el ejercicio de sus funciones y de conformidad a la ley.
En definitiva, se requiere contar con una nueva institucionalidad que sea capaz de actuar frente a las condiciones objetivas derivadas del cambio climático que está afectando al país y, como se ha visto, especialmente a nuestra región.