Control de velocidad

El proyecto apunta al corazón de un problema que hoy cobra demasiadas vidas.

30 Mayo 2018   10   Editorial   Gustavo Alvarado

Una de las principales causas de la alta y creciente cantidad de accidentes de tránsito en nuestro país y su lamentable cifra de heridos y fallecidos es probablemente el exceso de velocidad, tanto en las calles de nuestras ciudades como en las carreteras y autopistas.
En el Congreso de tramita la reducción de velocidad a 50 kilómetros en ciudades lo que bajaría sustancialmente la letalidad de los accidentes. Sin embargo, ello no parece suficiente, puesto que somos testigos todos los días como muchos irresponsables hacen caso omiso de las restricciones.
Sin embargo, el Gobierno está reflotando un proyecto que data de enero de 2014 que quedó congelado desde 2015, que crea el Centro automatizado de tratamiento de infracciones de tránsito (CATI).
La propuesta legal se fija el objetivo de reducir el número de fallecidos en accidentes de tránsito cuya causa sea la velocidad por medio de la creación del citado centro automatizado, que contará con facultades fiscalizadoras, con la finalidad de aumentar la capacidad de detección de las infracciones por concepto de velocidad, imitando con ello experiencias en países como España, Francia y Australia, entre otros.
Según consta en la presentación de la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, el sistema no vendrá a constituirse como una herramienta de recaudación, sino de inhibición de conductas que generan peligro. Su objetivo final, se acotó, es salvar vidas y la protección de las personas, “incorporando tecnología ante los pocos recursos para la fiscalización”.
Además, se pretendería apoyar y complementar la labor de los Juzgados de Policía Local; y fomentar la transparencia en la ubicación de los equipos, la seguridad de los datos de las personas y usuarios, entre otros puntos.
Haciéndose parte de las observaciones ya planteadas al proyecto, particularmente lo referente a su constitucionalidad, se indicó que la situación no es comparable con la Ley del Sernac (cuyas facultades fiscalizadoras fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional) y se recordó que hay múltiples ejemplos de órganos administrativos con atribuciones sancionadoras, como son las Superintendencias, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo.
La propuesta establece resguardos para el debido proceso mediante recursos ante el mismo CATI y los Juzgados de Policía Local, como segunda instancia; además de considerar un pleno respeto a los principios de legalidad y tipicidad y la existencia de un procedimiento sancionatorio y de conductas objetivas descritas en la ley.
En otro punto, el Ejecutivo descartó potenciales fraudes por el cobro de infracciones y aseguró que las comunicaciones electrónicas dentro de un procedimiento judicial están ampliamente reconocidas en nuestro derecho, en leyes y la Contraloría General.
El proyecto se ve bien aspectado y apunta al corazón de un problema que hoy cobra demasiadas vidas.