Corrupción y conflicto de interés

El plazo para presentar las declaraciones de interés venció el pasado fin de semana, estimándose que unas 60 mil personas deberán cumplir con la normativa. La fiscalización de dicha obligación recae en la Contraloría General de la República.

03 Abril 2017   5   Editorial   Gustavo Alvarado

“La forma de transparentar es dando a conocer los conflictos de interés. Si yo tengo un conflicto de interés por amistad, enemistad o asunto económico, tengo que ser el primer en exponerlo, antes de que otra persona lo haga. Uno tiene que ser bastante responsable y abstraerse de aquellas situaciones donde exista un conflicto de interés”.

Con estas palabras, sumadas a otras donde señaló que “la corrupción es un mal endémico y la tenemos que erradicar con medidas claras y contundentes”, el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, ministro Moisés Muñoz, comentó en Diario El Centro cómo enfrentar la crisis de confianza que vive la institucionalidad chilena.

Se trata de declaraciones de gran relevancia que, sin duda, marcan un punto de inflexión en uno de los asuntos más delicados y trascendentes para la convivencia ciudadana actual y futura. Esto es, de qué forma los poderes del Estado logran recuperar la credibilidad ante una ciudadanía que cuestiona la legitimidad de sus decisiones.

Y todo surge, sin duda, a partir de los casos de corrupción que involucran a la política y los negocios, donde ha quedado de manifestó que se cometieron delitos en el financiamiento de las campañas. Ello ha generado, como consecuencia principal, que han quedado expuestos los conflictos de interés de quienes votan las leyes.

Pero las cosas no se han quedado allí. A propuesta de la comisión anticorrupción convocada por el gobierno, se publicó la ley 20.880 que obliga a las autoridades y funcionarios públicos de mayor rango a declarar de manera documentada sus intereses y patrimonio, así como actividades profesionales, ya sea remuneradas o no.

De esta manera, se busca prevenir conflictos de interés y evitar enriquecimientos ilícitos, esto es, cuando un funcionario – en el ejercicio propio de su cargo- ve conflictuado el interés general de su función con intereses particulares, afectando así la necesaria imparcialidad de quienes cumplen una función pública, según indica el portal infoprobidad.cl en sus principales acápites explicativos.

La normativa obliga al Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, jefes superiores de servicios, embajadores, cónsules, senadores, diputados y otros altos cargos del Congreso; autoridades y directivos del Poder Judicial, así como fiscales y abogados de la Defensoría Penal Pública.

Se suman consejeros de organismos públicos autónomos; autoridades regionales y municipales; oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden; directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado y fiscalizadores; directores de fundaciones, corporaciones y dirigentes nacionales de partidos políticos.

El plazo para presentar las declaraciones de interés venció el pasado fin de semana, estimándose que unas 60 mil personas deberán cumplir con la normativa. La fiscalización de dicha obligación recae en la Contraloría General de la República, entidad que puede aplicar multas de hasta 50 UTM por retrasos en la declaración.

Y si el incumplimiento permanece, ello es considerado falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución del cargo. Luego, la propia Contraloría deberá enviar dicha información al Consejo para la Transparencia, a fin que sea publicada en infoprobidad.cl. Sólo así la opinión pública tendrá claridad sobre los intereses de quienes cumplen funciones de carácter públicas.