Crisis política en Perú

Los estándares éticos son hoy día más exigentes en nuestro continente

23 Marzo 2018   6   Editorial   Gustavo Alvarado

En medio de la crisis política generada por las acusaciones de corrupción y la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Perú afronta la oportunidad de fortalecer su democracia si cumple con el procedimiento de transición que establece su Constitución.
Tras la agitación que causó la revelación de audios y videos que presuntamente prueban los intentos de comprar los votos de congresistas opositores, lo que precipitó el miércoles la renuncia de Kuczynski, los constitucionalistas afirman que esta crisis bien puede ser aprovechada desde la absoluta legalidad.
“El Perú tiene la obligación o el reto de demostrar que sus instituciones constitucionales funcionan”, enfatizó el abogado constitucionalista y analista político Ángel Delgado Silva.
La responsabilidad le corresponde, en ese sentido, tanto al Congreso, que domina la oposición fujimorista que llevó a la dimisión de Kuczynski con la revelación de los audios y videos, así como al vicepresidente Martín Vizcarra, quien es el llamado a ocupar la jefatura del Estado.
La Constitución establece que en caso de destitución o renuncia de un gobernante, el cargo debe ser asumido, por sucesión, por el primer vicepresidente y, si esto no sucede, por el segundo, que en este caso es la aún primera ministra, Mercedes Aráoz.
Si estos también renuncian, la jefatura del Estado debe recaer en el presidente del Congreso, que está obligado a convocar de inmediato a elecciones generales.
Ante este escenario, las próximas horas van a ser claves para definir la gobernabilidad del país, azotado por una crisis de credibilidad y corrupción. Sin embargo, la dimisión del ahora ex presidente era un secreto a voces desde hace ya varios meses debido a que ya había sido sometido a prueba por el Congreso donde logró mantener el cargo bajo la promesa de liberar a Alberto Fujimori.
Eso tuvo un costo y ya entonces sus enemigos políticos lo habían sentenciado por su aparente involucramiento en el caso de la firma brasileña Odebrech que pagó millonarias sumas a líderes políticos en una serie de países para lograr contratos de obras públicas.
Este delicado tema ha puesto contra las cuerdas a políticos de Brasil, Argentina, Perú y Ecuador donde ha provocado juicios y renuncias. Empero, pareciera que solamente es la punta de un iceberg que incluso ha tocado a Chile y que podría detonar más adelante una vez que las investigaciones lleguen al fondo del asunto.
Los estándares éticos son hoy día más exigentes en nuestro continente y la ciudadanía demanda poner fin a los negociados que en una época caracterizaron a la política latinoamericana. El caso de Perú así lo demuestra.