Cuarta edad

Se requiere un cambio de mentalidad no solo por parte de las autoridades encargadas del tema, sino de los propios integrantes de este sector etario en cuanto a sus potencialidades y derechos.

25 Octubre 2017   14   Editorial   Gustavo Alvarado

Nuestro país ha entrado en los últimos años en una nueva etapa que se caracteriza por un progresivo aumento de las personas mayores de sesenta años, lo que implica un cambio sustantivo en las tendencias etarias augurando también la llegada de nuevas obligaciones para el Estado en cuanto a establecer y aplicar política dirigidas a este grupo.

El aumento explosivo de este segmento de la población no sólo requiere de la incorporación de normativas y políticas públicas que regulan y protejan su situación social sino que también se necesita de una mayor concientización, una cultura de los chilenos en torno a otorgarles mayores niveles de relevancia en los diversos estamentos de  la sociedad chilena, y que se traducen, entre otros aspectos, en posibilitar mayores espacios de recreación, acceso a la cultura, al deporte, a la salud, buen trato, entre otros aspectos de gran relevancia a nivel nacional, y que por lo mismo han sido tomados en cuenta a nivel internacional con la suscripción por parte de Chile del Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Se calcula que en la actualidad hay 2 millones 899 mil chilenos mayores de sesenta años, de los cuales poco más de 400 mil están sobre los 80 años de edad.

Frente a esta realidad, es evidente que estos últimos requieren un tratamiento distinto dentro de nuestra legislación. Los adultos mayores de nuestro país son cada vez más activos, obligando a los diversos organismos a elaborar políticas que permitan un mejor desarrollo de sus capacidades, por lo que es necesario que se establezcan normas específicas para este grupo etario de la población.

Por ello, se está incorporando el concepto de la cuarta edad para definir a este grupo mayor de 80 años, como la base de toda una política y gestión pública por parte de los organismos estatales competentes a efecto de hacer más eficiente y eficaz la labor de nuestra administración en la promoción de los derechos de estas personas.

Una moción parlamentaria está impulsando una modificación a la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con la finalidad de focalizar en este sector de nuestra población políticas públicas específicas que se hagan cargo de sus necesidades fundamentales.

Chile no está preparado para asumir este desafío. Se requiere un cambio de mentalidad no solo por parte de las autoridades encargadas del tema, sino de los propios integrantes de este sector etario en cuanto a sus potencialidades y derechos. El envejecimiento saludable y útil es una realidad que tiene importantes efectos en la sociedad que deben ser enfocados con políticas serias e inclusivas.