Decisión de no perseverar

Si bien ahora se da a conocer la orden de no perseverar respecto al caso del liceo Bicentenario de Molina, en su momento se estimó que sí existían los antecedentes suficientes para imputar cargos ¿Qué fue entonces lo que pasó en el intertanto?

15 Noviembre 2016   19   Editorial   Gustavo Alvarado

Durante la semana pasada, el Juzgado de Garantía de Molina dio curso a la decisión de no perseverar en la causa ligada a las supuestas irregularidades detectadas en las todavía abandonadas obras de construcción del liceo Bicentenario de Molina, procedimiento que derivó en la formalización de tres personas por el delito de fraude de caudales públicos.

En audiencia llevada a cabo en el citado tribunal, a nombre del Ministerio Público, el fiscal Gonzalo Lanza, comunicó la medida, la que se basa debido a que durante la respectiva investigación “no se reunieron los antecedentes necesarios para dar curso a una acusación” sobre los imputados.

En otras palabras, cuando no hay pistas que ayuden a seguir indagando con una razonable posibilidad de éxito, el caso se archiva sin lograr determinar a la o las personas responsables del delito, al menos en forma momentánea. Se trata de un paso que contó con la venia del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de los abogados que representan a las tres personas formalizadas.

Cabe recordar que la causa tiene su origen en noviembre de 2013 cuando la alcaldesa, Priscilla Castillo, presentó una querella “ante la grave situación” que en su calidad de jefa comunal detectó en relación a “la construcción del liceo bicentenario María del Tránsito de la Cruz” de Molina, faenas que estuvieron a cargo de la empresa MTV Construcciones Limitada, firma que abandonó las mismas.

Tras el inicio de la investigación, en una primera instancia la fiscalía estimó tener los antecedentes necesarios para dar curso al menos a tres formalizaciones: al ex director (S) de Obras de la municipalidad de Molina, Guido González Quezada, al también ex funcionario del municipio que actuó como ITO (Inspector Técnico de Obras) del proyecto, Rodrigo Ferrada Serrano y al representante legal de la aludida empresa, Mauricio Riveros Skirving.

En definitiva, junto con acoger la decisión de no perseverar, el Juzgado de Garantía de Molina revocó las medidas cautelares que pesaban sobre las tres personas sobre quienes se imputaron cargos, es decir, el arraigo nacional y la firma mensual.

Si bien ahora se da a conocer la orden de no perseverar respecto al caso del liceo Bicentenario de Molina, en su momento se estimó que sí existían los antecedentes suficientes para imputar cargos ¿Qué fue entonces lo que pasó en el intertanto? ¿En definitiva, la causa se cierra, porque efectivamente se agotaron todas las aristas a investigar, o bien porque siguió el camino que en el papel le espera a la mayoría de las causas que son ingresadas en nuestro país, es decir, el ser archivadas?

Los años transcurren e independiente de dicho proceso judicial, la comunidad y en especial los alumnos del citado establecimiento educacional, continúan esperando por una solución de carácter definitiva.