Defensor de los derechos de la niñez

La Defensoría podrá intermediar o servir de facilitador entre los niños y los órganos del Estado

15 Diciembre 2017   2   Editorial   Gustavo Alvarado

Por estos días el año escolar está llegando a su fin y, al hacer un balance, resulta de gran relevancia constatar el avance del reconocimiento y respeto de los derechos de la infancia, materia que marcha a paso lento, pero con fortaleza.
Sin duda, paso importante es la aprobación del proyecto de ley que crea un Defensor de los Derechos de la Niñez, donde se define el rango de acción del organismo, la forma de nombrar al defensor y las hipótesis sobre las cuales se encuentra habilitado para poder interponer acciones y querellas.
De esta forma, el texto indica que la Defensoría podrá intermediar o servir de facilitador entre los niños y los órganos de la Administración del Estado o aquellas personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños, cuando haya tomado conocimiento, de oficio o a petición de parte, de actos u omisiones que pudieren vulnerar tales derechos. El Defensor deberá velar por el establecimiento de instancias y procedimientos de comunicación, conciliación y mediación, expeditos y efectivos, de conformidad a la ley.
También podrá requerir antecedentes o informes a los órganos de la Administración del Estado o aquellas personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de los derechos de los niños, cuando, dentro del ámbito de sus competencias, tome conocimiento, de oficio o a petición de parte, de posibles vulneraciones a tales derechos por actos u omisiones de las entidades.
Asimismo, tendrá facultad para visitar los centros de privación de libertad, centros residenciales de protección o cualquier otra institución, incluyendo medios de transporte en que un niño permanezca privado de libertad, reciban o no recursos del Estado, sin perjuicio de las facultades de los demás organismos públicos competentes en la materia. Una vez realizada la visita, deberá evacuar un informe que deberá contener, a lo menos, la descripción de la situación general observada, el registro de las eventuales vulneraciones de derechos y las recomendaciones a los órganos competentes, sin perjuicio de denunciar los hechos que constituyan delito.
Además, deberá denunciar vulneraciones a los derechos de los niños ante los órganos competentes, remitiendo los antecedentes que funden dicha denuncia; además de observar y hacer seguimiento del actuar de los órganos de la Administración del Estado a personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños y a organizaciones que puedan afectar con sus acciones tales derechos, de acuerdo a un plan que se elabore para estos efectos.