Dictamen por edificio

Si bien se estaría cerrando la arista civil, quedará pendiente la necesaria modificación al Plano Regulador

04 Julio 2017   10   Editorial   Gustavo Alvarado

Durante la semana pasada se escribió un nuevo capítulo en el conflicto ligado a la que fue la construcción del denominado edificio “Los Alpes” de Curicó, ubicado en el sector oriente de la ciudad. Un dictamen emanado desde la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó la recomendación de invalidar los permisos de edificación de la citada estructura de nueve pisos, postura previamente planteada desde la propia Contraloría General de la República, señalando de manera explícita que al municipio no le cabe sino “ejecutar aquello”.

Se trata de un fallo que deriva de un recurso de protección que fue presentado por tres familias curicanas, las que denunciaron que dicho edificio “afectó de manera directa” su calidad de vida, además de devaluar sus respectivas propiedades, que colindan con aquella obra. Junto con ello, dieron cuenta que la estructura fue emplazada sobre parte de un terreno que, según el Plan Regulador Comunal, estaba reservado para una calle de servicio, por lo que también apuntaron hacia el rol que cumplió la Dirección de Obras de la municipalidad a la hora de darle curso a los correspondientes permisos.

En otras palabras, se terminaron aplicando disposiciones relacionadas con cierto tipo de zona, cuando en rigor correspondía que fuera normado por las características de otra. Si bien la propia Corte Suprema señaló que no vislumbró “un actuar ilegal o arbitrario” por parte de la mencionada unidad municipal, el respaldo a lo que en su momento expresó la Contraloría confirma que a lo menos se está frente a una “irregularidad”.

A manos de la constructora Rucalhue y ubicado en un sector netamente residencial (Villa Rucatremu, en específico, en la calle Arturo Pérez Canto), el citado edificio se trata de un proyecto de la sociedad inmobiliaria Los Alpes Limitada.

Tras el fallo emitido por el principal tribunal de nuestro país, el abogado que representa a las familias que recurrieron a tal instancia, reconoció que existe un “acercamiento entre las partes”, de cara a establecer un acuerdo extrajudicial que satisfaga los requerimientos planteados por sus clientes. Para ello, la salida pasaría porque la sociedad inmobiliaria adquiera las viviendas que están contiguas a la edificación, que pertenecen a tales familias, no solo considerando su “valor comercial”, sino que también contemplando las dificultades y los inconvenientes que sus moradores han debido experimentar en carne propia, lo que se traduciría en una especie de “indemnización”.

Si bien se estaría cerrando la arista civil, quedará pendiente la necesaria modificación al Plano Regulador, paso que solo se puede dar con la autorización del concejo municipal.