Dieta parlamentaria

El tema de fondo tiene que ver con la vocación de servicio que deben tener todos quienes laboran en el Estado.

17 Junio 2018   12   Editorial   Gustavo Alvarado

Se ha instalado en la opinión pública nuevamente el tema de la reducción de la dieta parlamentaria, materia que despierta gran aprobación en la ciudadanía que estima que los sueldos y asignaciones que reciben los senadores y diputados exceden con largueza los límites prudentes y éticos.
Eso, especialmente si se comparan con los ingresos de parlamentarios en otros países.
En la actualidad hay dos iniciativas que duermen desde hace años en el Congreso. La primera de ellas fue presentada en abril de 2014 y modifica el artículo 62 de la Constitución Política con el objeto de permitir la regulación por ley de la dieta parlamentaria, incluidas todas las asignaciones correspondientes, terminando con la sujeción en la Carta Fundamental de las remuneraciones de ministros de Estado y legisladores.
La segunda, ingresada en agosto de 2014, establece un límite ético para la determinación del monto de la dieta parlamentaria fijando un tope máximo equivalente a veinte veces el ingreso mínimo mensual.
Cuando se presentaron ambos proyectos de ley, la dieta parlamentaria equivalía a 40,5 veces el salario mínimo, lo que evidencia una alta disparidad entre los sueldos con que vive la mayoría de los chilenos.
Las encuestas muestran que la clase política sigue mal evaluada y causa cierta irritación lo excesivo de sus emolumentos.
El propio Presidente de la República señaló que “pienso que las dietas parlamentarias en Chile, igual que los sueldos en muchos otros sectores y empresas públicas son demasiados altos para las necesidades, urgencias que tiene el país. Por lo tanto, yo pienso que todos tenemos que apretarnos el cinturón”.
Se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados una moción impulsada por representantes del Frente Amplio pidiendo poner urgencia al tema, de manera de dar curso a esta iniciativa.
Más allá de oportunismos políticos, esta reducción apunta a un tema de fondo que tiene que ver con la vocación de servicio que deben tener todos quienes laboran en el Estado. Existe un sentido republicano enraizado con la historia de nuestro país, donde se estimaba que había un imperativo moral y ético en la función pública y que se estaba allí para servir y no servirse.
Ese espíritu se echa de menos en estos días, donde pareciera que muchos llegan atraídos por el afán de poder y privilegios, más que por asumir un rol social.
Por ello, es de interés que ante unas arcas fiscales críticas, esta medida se aplique de “capitán a paje”.