El crimen de Aylin y reforma al Sename

El caso de Aylin, sus protagonistas y circunstancias, no hacen más que reforzar la necesidad de reformar una entidad que, a todas luces, no ha cumplido su labor de protección de niños y jóvenes.

08 Febrero   5   Editorial   Gustavo Alvarado

¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿Por qué aparecen a diario en las noticias protagonizando “portonazos” y robos varios? ¿Por qué, incluso, son imputados de participar en crímenes?
Seamos más específicos aún. Hablamos de menores de edad que, en materia penal, están sometidos, lógicamente, a normas específicas, distintas a las que rigen para los adultos.
Se ha debatido y se sigue debatiendo respecto a lo que ha ocurrido durante mucho tiempo con los centros de menores del Sename, aquellos que son administrados directamente por el cuestionado servicio y los que funcionan a través de instituciones colaboradoras. Se ha llegado, finalmente, a plantear una necesaria reestructuración.
El Presidente Sebastián Piñera firmó en agosto del 2018 el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección de la Niñez. “Estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo modelo de mayor protección, de mayor cuidad, de mayor cariño”, señaló el mandatario en la oportunidad.
En general, el proyecto apunta a una mayor supervisión, aumento de 40% de los recursos, un enfoque familiar, mejoras en la oferta programática, mayor descentralización y rol de colaboración y asistencia técnica a colaboradores acreditados.
Tres de las cuatro personas que fueron imputados como supuestos coautores del homicidio calificado de Aylin, la joven que permaneció desaparecida durante 11 días y cuyo cuerpo sin vida apareció en la ribera del río Claro, son menores de edad, todos hombres con antecedentes penales. La cuarta imputada es una mujer que al momento del crimen tenía 17 años.
El crimen de Aylin, según lo detallado en la audiencia de control de detención, habría ocurrido por asfixia por sofocación, para luego ser amarrada y lanzada al río.
Los tres menores de edad fueron ingresados a un Centro de Internación Provisoria del Sename, mientras que la mujer quedó con arresto domiciliario.
El caso de Aylin, sus protagonistas y circunstancias, no hacen más que reforzar la necesidad de reformar una entidad que, a todas luces, no ha cumplido su labor de protección de niños y jóvenes. Porque las imágenes de menores de edad participando en hechos criminales es solo la punta del iceberg. Detrás se esconde una realidad, fundamentalmente social y familiar, que requiere de atención.
Ahora es el turno de del Parlamento para que, consecuentemente, legisle y entregue al país una norma que permita un adecuado resguardo de nuestros niños y jóvenes, que junto con protegerlos les entregue herramientas, a ellos y a sus familias, para que puedan vivir una vida plena, social e individualmente.