Elección de autoridad regional

La propuesta establece la figura del Gobernador Regional como órgano ejecutivo del Gobierno Regional

19 Abril 2017   8   Editorial   Gustavo Alvarado

El Gobierno ingresó ayer a trámite legislativo el proyecto de ley que regula la elección del Gobernador Regional. La reforma constitucional, plasmada en la Ley 20.990 del 29 de diciembre de 2016, estableció el mandato constitucional de que el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, esto es, el nuevo Gobernador Regional, sea electo por los ciudadanos de cada una de las regiones de nuestro país.

Tal como expone el Gobierno en el mensaje presidencial, la iniciativa también se complementa con otro proyecto de ley, hoy en tercer trámite legislativo en el Senado, que establece un nuevo procedimiento de transferencia de competencias (proyecto de ley de fortalecimiento de la regionalización del país).

En concreto, la propuesta establece la figura del Gobernador Regional como órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Asimismo, establece los requisitos para optar al cargo, sus inhabilidades, incompatibilidades, subrogación, vacancia y causales de cesación de la nueva autoridad.

El texto propone que la elección de Gobernadores Regionales sea conjuntamente con la elección de consejeros regionales, en cédula separada. "Su sistema electoral es el que fue sancionado en la reforma constitucional, es decir, será electo gobernador regional el candidato que obtenga el mayor número de sufragios válidamente emitidos, siempre que obtenga al menos el cuarenta por ciento. Si ningún candidato alcanza dicha votación, se procederá a una segunda votación, el cuarto domingo siguiente a la fecha de la elección, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías, resultando electo quien obtenga el mayor número de sufragios", especifica el mensaje.

Se define que la postulación al cargo de Gobernador Regional será incompatible con los cargos de Presidente de la República, parlamentario, alcalde y concejal. Adicionalmente, se incorpora normas que adecuan las denominaciones de los actuales Intendentes y Gobernadores, pasando a llamarse Delegados Presidenciales Regionales y Delegados Presidenciales Provinciales, respectivamente.

El proyecto también incluye las adecuaciones necesarias para que los partidos políticos, si así lo deciden, puedan utilizar el sistema de elecciones primarias para la nominación de sus candidatos a gobernador regional; e incorpora a la elección de Gobernadores Regionales dentro de la regulación establecida en la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.

Luego, la iniciativa propone modificaciones a las plantas de los Gobiernos Regionales y del Servicio de Gobierno Interior, tanto para incorporar a los Gobernadores Regionales como para reemplazar a los actuales Intendentes y Gobernadores por los nuevos Delegados Presidenciales Regionales y Delegados Presidenciales Provinciales.

Sin embargo, una disposición que llama la atención es que si bien los parlamentarios quedan excluidos de postular, los funcionarios y autoridades de gobierno podrán hacerlo solo por esta vez renunciando a sus cargos cien días antes de la elección. Ello presenta sin duda un elemento polémico que atenta contra la igualdad de oportunidades y puede entrabar el rápido despacho de este proyecto que debería ser aprobado en mayo para que pueda ser aplicado en las elecciones de diciembre.