Fiscalización por restricciones ambientales

Para esto, solo cabe poner en la balanza los miles de adultos mayores y niños pequeños que atochan las unidades de emergencia debido a crisis respiratorias por mala calidad del aire.

25 Mayo   131   Editorial   Gustavo Alvarado

Un problema difícil de resolver tienen en sus manos las autoridades ambientales y sanitarias, al momento de enfrentar los inviernos y hacer cumplir las medidas restrictivas en materia de humo visible desde las estufas a leña domiciliarias, en particular, porque es la principal fuente causante de la mala calidad del aire.
Existen otras variables, como la falta de lluvias y las bajas temperaturas, pero ambas son claramente inmanejables. Por todo ello, se vuelve relevante decidir de manera franca y de cara a la opinión pública, cuál va a ser el criterio a aplicar cuando se trata de salir a terreno y sancionar a quienes no cumplen las normativas ambientales.


Ocurre que todas estas restricciones no son al azar y tampoco responden a un capricho de la autoridad sanitaria. Muy por el contrario, se trata de medidas que responden a un plan de descontaminación validado de forma técnica y administrativa, compensado con una importante labor social e inversión pública en esta materia.


La expresión más clara de ello es el programa de recambio de calefactores, porque se trata de un esfuerzo compartido entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo Regional (CORE) del Maule. El objetivo es colaborar con las familias de menos recursos en cuanto a modernizar sus calefactores a combustión lenta.
Pero el rol del Estado debe estar equilibro con el aporte desde la ciudadanía, en especial, respecto a cumplir con el requisito mínimo de comprar leña certificada, es decir, que tenga escasa humedad y, con ello, evitar la emisión de humo visible, contribuyendo así de manera sustantiva a mitigar la mala calidad del aire.
A ello se suman otras acciones que pueden llevar a cabo las personas, entre ellas, compartir los vehículos con algún vecino o amigo para evitar la congestión de tránsito y, también, preferir la locomoción colectiva. Todo ello, aunque parezca insignificante, colabora y contribuye a reducir la huella de carbono de cada ciudadano.
Ahí se vuelve al problema de cómo hacer cumplir las restricciones, cuando muchas veces, detrás de alguna chimenea emitiendo humo visible hay adultos mayores que viven solos o personas que no tienen otra forma de calentarse en invierno, para los cuales, apagar sus estufas equivale a padecer enfermedades graves.


La solución no se ve fácil, pero tiene indicios de respuesta. Para esto, solo cabe poner en la balanza los miles de adultos mayores y niños pequeños que atochan las unidades de emergencia debido a crisis respiratorias por mala calidad del aire.
Es decir, haciendo raya para la suma y, más allá de casos sociales claramente justificados, la realidad es que todavía falta mucho para que se apliquen modelos de fiscalización que realmente motiven a los ciudadanos a cambiar sus costumbres, en particular, cuando se trata de preservar la vida de los más indefensos.


Así no queda más que estar atentos a que se apliquen cambios concretos donde, además, se incorpore a la ciudadanía. Porque toda esta labor busca, en definitiva, que las personas se beneficien de su derecho humano básico a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese objetivo es irrenunciable para todas las personas.