Gratuidad en la educación superior

Se echa de menos la discusión de fondo sobre esta importante materia que debe ser el fruto de una conversación amplia y de consensos

02 Diciembre 2016   10   Editorial   Gustavo Alvarado

El Congreso acaba de aprobar el Presupuesto 2017 con un importante acuerdo en materia de recursos para la educación superior que implica el acceso a becas para estudiantes de universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de carácter privado y que no tengan fines de lucro.

Tras años de discusión por fin se logra un avance centrando los beneficios en los alumnos y no en las instituciones de educación superior.

Ello fue producto de una difícil negociación que se dio luego que la oposición amenazara con acudir nuevamente el Tribunal Constitucional por considerar que se estaba discriminando entre los estudiantes de universidades estatales y privadas. Es evidente que ello iba a prosperar lo que infligiría una derrota al Ejecutivo, por lo que éste se allanó a conversar y concordar una fórmula.

La propuesta aprobada entrega 3.500 Becas Bicentenario a planteles privados, siempre que esas instituciones tengan al menos 4 años de acreditación y un 80% de sus alumnos con un puntaje ponderado superior a 450 puntos.

Además, se redefinen los montos que se van a entregar a los 3 tipos de Beca Nuevo Milenio que son para los estudiantes del sector público y profesional: la primera para los planteles con dos años de acreditación, con un valor de $600 mil; la segunda para planteles con 3 años de acreditación ($860.000) y la tercera para 4 años o más, de $900.000.

Asimismo, se fortalece a las universidades estatales mediante un aporte financiado con un préstamo del Banco Mundial.

Adicionalmente, se incrementa el aporte basal a universidades estatales en $3.500 millones, que se suman a los originales $6 mil que establecía el presupuesto para el próximo año. A la vez, el límite de crecimiento de la matrícula de 2,7% se puede aumentar si hay una propuesta de cada plantel para su financiamiento antes del 31 de diciembre de este año, y si hay un convenio con el Estado para el programa de acceso.

El senador Andrés Zaldívar destacó que “me parece bien el acuerdo alcanzado y personalmente creo que lo más importante es reconocer que el tema de gratuidad no tiene fines de lucro”.

El senador Hernán Larraín apuntó que “lo que queremos es que no haya discriminación entre alumnos vulnerables por elegir un plantel. Es tiempo que el Gobierno traiga su política en esto”.

En la misma línea, el senador Juan Antonio Coloma planteó que “hace rato deberíamos contar con una ley de educación superior y eso nos evitaría este problema”.

Sin duda hay un avance, pero se echa de menos la discusión de fondo sobre esta importante materia que debe ser el fruto de una conversación amplia y de consensos, alejada de ideologismos e intereses corporativos y centrada en los estudiantes y su futuro, que no es otra cosa que el futuro de nuestro país.