Gratuidad y desarrollo de las universidades

Se trata de un fenómeno que requiere una solución urgente y que los rectores de universidades públicas quien corregir de forma estructural.

18 Marzo   39   Editorial   Gustavo Alvarado

“La pérdida la de gratuidad significa que las universidades deben hacer un esfuerzo adicional para mantener a esos estudiantes con financiamiento, lo cual se va a ir resintiendo progresivamente. Tengo que decirlo con mucha insatisfacción: hasta hoy no ha habido sensibilidad para entender que en el país es un tema que deberíamos resolver”.
Con estas palabras, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, describió una grave situación que afecta actualmente a miles de estudiantes y a las universidades públicas y privadas que, con miras a ampliar sus coberturas, aceptaron adherirse a las reformas que incluyeron la gratuidad para los alumnos de familias de escasos recursos.
Dicha política gubernamental -adoptada por el gobierno anterior- buscó justamente hacer realidad una de las demandas históricas del movimiento estudiantil y que, además, fue la bandera de lucha de oleadas de protestas que hace años atrás literalmente paralizaron el sistema educacional chileno, motivando apoyo transversal en el país.
Pero tal como ocurre con muchas cosas en nuestro país, la llamada “letra chica” de la legislación terminó por acarrear negativas consecuencias. Así ocurre actualmente con aquellos jóvenes que no logran terminar sus carreras en el tiempo regular y, por ello, deben prolongar en uno o dos años sus estudios, para sacar ramos pendientes.
El problema radica que, en la práctica, la ley que regula la gratuidad universitaria no cubre ese tiempo extra de estudios, lo cual obliga a las universidades a cubrir parcialmente esos aranceles y, a su vez, ofrecer alternativas de financiamiento. Todo ello para que los jóvenes se puedan titular y no dejen sus estudios sin terminar.
En la Región del Maule, las dos casas de estudios públicas -Universidad de Talca y Universidad Católica del Maule (UCM)- suman este año poco más de 800 alumnos en esta situación. A ello se suma que el actual gobierno tiene una posición como de “observador” en este conflicto, por cuanto su punto de vista es de simple ejecutor de una legislación definida en el periodo anterior. Esto es, sin duda, extremadamente preocupante para la opinión pública, porque la educación debe ser una política de Estado.
Ocurre que la propia ministra de Educación, Marcela Cubillos, durante el verano pasado recorrió gran parte del país para hablar de la reforma al actual sistema de admisión en la educación básica y media, sin que nunca dijera ni una palabra de lo que ocurre con la educación universitaria, a pesar de que la evidencia está a la vista.
Lo que ocurre es que, en casos como el Maule, las universidades cumplen un rol estratégico en el desarrollo regional. Por ello, si enfrentan crisis financieras, ello impactará de inmediato en su capacidad de generar conocimiento e investigación, perjudicando a los sectores productivos, con sus aspiraciones de innovar y crear empleos.
Así las regiones no pueden quedar ajenas a este debate y, mucho menos, quienes representan a sus comunidades en el parlamento. Es responsabilidad de ellos buscar soluciones que aseguren el quehacer universitario y faciliten las cosas a quienes estudian en sus aulas. Son ellos quienes ahora tienen la palabra.