Informar con respeto y criterio

Hay un deber principal como es el resguardo del respeto y la integridad emocional de las personas, en ese caso, de una niña.

18 Febrero 2018   9   Editorial   Gustavo Alvarado

La connotación pública del caso de supuesto secuestro de una menor en la comuna maulina de Licantén, llevó a un amplio despliegue periodístico para dar cuenta, en primer lugar, de la desaparición de la niña; luego, para informar sobre las labores de búsqueda, exponer las diversas teorías sobre el caso y, finalmente, para entregar a la opinión pública la noticia de la aparición y detención del presunto autor.
Sin embargo, en todo ese proceso -es válido decirlo- los medios de comunicación caímos en algunos “pecados” a la hora de informar, que no son del todo llevados a la práctica por un afán de morbo, sino de querer contribuir como medio social a una satisfactoria resolución.
En ese contexto, la Asociación de Magistrados de Chile, hace unos días, emitió una Declaración Pública en la que genera duros cuestionamientos a la prensa nacional respecto al tratamiento dado al secuestro de la menor de 11 años de Licantén.
La carta firmada por la Comisión de Infancia de la Asociación de Magistrados de Chile, gremio de los jueces de este país, señala que “considera un deber representar una serie de vulneraciones a la dignidad y derechos fundamentales de la niña por parte de los medios de comunicación social, quienes bajo la finalidad de informar a la ciudadanía, han omitido los debidos resguardos a la honra, privacidad, dignidad, intimidad y protección de la indemnidad psíquica de la niña”.
En esto, se refiere principalmente a la difusión de imágenes, el acceso a sus datos personales, antecedentes familiares, médicos o de cualquier otra naturaleza que conforman parte de su contexto vital, “así como la difusión de antecedentes de la investigación que están todavía en etapa inicial, no solo contribuye a la revictimización sino que, además, constituye una injerencia ilegal en los ámbitos más básicos de su vida, permite su identificación ante la exposición masiva y una serie de otras violaciones a sus derechos humanos”.
El texto continúa señalando que “el deber del Estado y de la sociedad en su conjunto es asegurar que se protejan los derechos de todos los niños que se ven envueltos en alguna situación como la ocurrida en Licantén. Los medios de comunicación, en particular, tienen una responsabilidad fundamental en resguardar estos derechos, por el impacto que su actividad puede producir en el desarrollo y vida de toda persona”.
En el último párrafo, exhortan tanto a autoridades como a la prensa y la sociedad en su conjunto a ser garantes de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes “y evitar situaciones como esta que causan más daño, propician la discriminación y ayudan a incrementar los efectos que los niños eventualmente hayan experimentado”.
Cabe señalar que la expectación pública sigue en pie en este caso y se hace necesario que los medios de comunicación tomen en consideración que hay un deber principal, como es el resguardo del respeto y la integridad emocional de las personas, en ese caso, de una niña.