Justicia y medios de comunicación

Resulta importante el tenor del acuerdo del pleno, por cuanto no cuestiona y tampoco pone trabas al trabajo de los periodistas y, en general, de los medios de comunicación.

16 Julio 2017   10   Editorial   Gustavo Alvarado

Relevantes consecuencias podría traer para el país y sus instituciones el caso de Nabila Rifo, esto es, la mujer que fue objeto de un gravísimo atentado por parte de su ex pareja y que, en un reciente fallo, la Corte Suprema se negó a calificar como femicidio frustrado, aunque la víctima sufrió la pérdida de sus ojos.

Más allá de la polémica desatada luego que se conociera oficialmente la sentencia, ocurre que días antes un diario de circulación nacional adelantó el contenido del dictamen judicial. Y la “exclusiva” finalmente resultó ser acertada, lo cual constituye un mérito para el trabajo periodístico de dicho medio de comunicación.

Pero dicha situación no cayó para nada bien en la propia Corte Suprema. Así quedó en claro el viernes pasado, cuando el pleno de ministros emitió una declaración pública donde “lamenta y repudia” la filtración del fallo. El texto destaca que se trató de “una irregularidad seria en el buen funcionamiento del sistema de recursos”.

“Pues anticipó una decisión antes que ella estuviera firmada por el tribunal -y por lo tanto antes que hubiera podido tener alguna variación- y, lo que es más grave, sin que la opinión pública tuviera simultáneo acceso a las razones que dan fundamento a esa decisión”, indica el acuerdo de los ministros del máximo tribunal.

“Insta a todos los integrantes del Poder Judicial a respetar a cabalidad el deber de reserva que impone el Código Orgánico de Tribunales y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. También solicita encarecidamente a los medios de comunicación respetar la secuencia normal de los procedimientos judiciales”, agrega.

La declaración recuerda que la prensa debe “contar con la seguridad que prontamente serán informados de las decisiones respectivas en tanto ellas estén libradas”. Agrega que “la Corte Suprema estará atenta a cualquier antecedente objetivo para adoptar las medidas administrativas o disciplinarias pertinentes".

Resulta importante el tenor del acuerdo del pleno, por cuanto no cuestiona y tampoco pone trabas al trabajo de los periodistas y, en general, de los medios de comunicación. Ello en directa concordancia con uno de los pilares fundamentales de la reforma procesal penal, esto es, la transparencia en las actuaciones judiciales.

Queda la tranquilidad de que la declaración es apenas un “coscorrón” para la prensa, lo cual viene a legitimar la validez de un trabajo periodístico bien hecho. ¿Qué habría pasado si algo similar ocurriera en otras instituciones? Sin duda habríamos tenido reacciones airadas y denuncias contra los medios de comunicación.

Así el máximo tribunal viene a poner el ejemplo, nuevamente, ante lo que ocurre con el poder ejecutivo o legislativo. Cabe recordar la querella de la Presidenta, Michelle Bachelet, contra la revista “Qué Pasa”; y los intentos organizados del Congreso para acallar a los medios de comunicación en su rol crítico y fiscalizador.

El ejemplo más reciente es que, también a consecuencia de la publicidad del juicio oral por el caso de Nabila Rifo, un grupo de parlamentarios impulsó un proyecto de ley que busca restringir el acceso de la prensa a las audiencias judiciales. Dicha propuesta tuvo su rechazo más unánime precisamente en la Corte Suprema.