Las lecciones que deja la investigación por licencias fraudulentas

Ocurre que, en el caso de comunas alejadas de las capitales provinciales y de la capital regional, resulta muy costoso y casi imposible que uno de sus ciudadanos acceda a una licencia de conducir profesional

08 Septiembre a las 21:18   135   Editorial   Gustavo Alvarado

Gran impacto causó en estos últimos días los preocupantes antecedentes que expuso la investigación de la fiscalía y la PDI por un caso criminal de licencias de conducir ideológicamente falsas, donde a la fecha existen 41 personas imputadas, entre ellas, un concejal de la comuna de Pencahue que se encuentra en prisión preventiva.


Si bien a la fecha todavía no existen condenas y recién durante la semana pasada se formalizó la investigación, las severas medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía de Talca dejan en claro que existen indicios suficientes para configurar los delitos formalizados por la fiscalía, esto es, falsificación y cohecho.
Ocurre que, en el caso de comunas alejadas de las capitales provinciales y de la capital regional, resulta muy costoso y casi imposible que uno de sus ciudadanos acceda a una licencia de conducir profesional. Ello, por cuanto simplemente en dichas localidades no existen escuelas profesionales que tramiten y otorguen la certificación.


Claramente para dichas empresas es mucho más rentable instalarse en las grandes ciudades, donde pueden tener acceso a más personas. Por ello, para quienes deseen sacar una licencia profesional, no les queda más que realizar un esfuerzo importante para acceder a estas escuelas de conducir e inscribirse en algún curso formal.


Para cumplir con el curso, no solo deben cumplir con clases presenciales y ejercicios prácticos, semana tras semana, sino también aprobar el examen que exigen las municipalidades. Todo esto es todavía más difícil para personas que tienen edades avanzadas o sufren alguna enfermedad que les puede dificultar acceder a la licencia.


Entendiendo ese contexto se advierte lo atractivo que era el ofrecimiento de obtener una certificación de estas características sin tener que cumplir ningún requisito. Y, a la vez, también la gravedad del comportamiento de las personas que realizaron maniobras para simular que las licencias eran tramitadas con todas las exigencias.


Ocurre que no sólo la escuela de conducir nunca hizo los cursos, sino que también en el departamento de tránsito de la municipalidad nunca se tomaron los exámenes con la rigurosidad que exige la ley. Y lo más grave es que existían “intermediarios” que se cobraban y, a la vez, se llevaban literalmente la “mascada del león”.


Ello porque, según la fiscalía, el concejal imputado y actualmente en prisión preventiva exigía el doble o triple de lo que le pedía la escuela de conducir por certificar a los clientes. Así queda de manifiesto que claramente hubo fallas en los controles internos y, además, que esto se puede replicar en otras municipalidades.


Quizás esa es una de las explicaciones por el alto número de accidentes de tránsito y las víctimas fatales que año a año se incrementen en las carreteras del país. Pero, además, es una manifestación de que el actual sistema para tramitar licencias de conducir tiene bajos estándares de control y puede ser objeto de gravísimas irregularidades.


Todo esto debe ser mirado muy de cerca por entidades como la Contraloría General de la República, sobre quien pesa la tarea de fiscalizar a las municipalidades. La opinión pública, por su parte, no puede menos que estar atenta a que las autoridades comunales refuercen los controles internos para recuperar la fe pública.