Ley contra la tortura

En lo fundamental, se establece una sanción que puede llegar a 10 años de presidio para la tortura cometida por un empleado público o por particulares en funciones públicas.

19 Diciembre 2016   10   Editorial   Gustavo Alvarado

“La inclusión del delito de tortura en el Código Penal implica reconocer que el Estado y sus agentes son los garantes de los derechos de todos y todas. Y esto significa que nos corresponde prevenir la comisión de este delito y que, en caso de cometerse, debe ser investigado, sancionados sus responsables y reparadas sus víctimas”.

Con estas palabras, en fecha reciente, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la ley que tipifica el delito de tortura. En lo fundamental, se establece una sanción que puede llegar a 10 años de presidio para la tortura cometida por un empleado público o por particulares en funciones públicas.

¿Qué se entiende por tortura? Según un decálogo publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional, la tortura es un acto por el cual se causa intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, en el marco de la acción de funcionarios públicos, con el fin de obtener una declaración o confesión.
Pero no es lo único, porque también se considera tortura si se cometen tales actos para castigar a alguien por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido. Y a la vez, es tortura si se usa el maltrato para intimidar o coaccionar a la persona, así como la discriminación fundada en ideología, religión, raza, sexo o edad, entre otros.

Y respecto a las sanciones, en cuanto específicamente al empleado público que comete tortura, el decálogo señala que la pena será de presidio mayor en su grado mínimo, es decir de cinco años y un día a diez años. La conducta penalizada se refiere a los actos del funcionario en el ámbito de su cargo o función pública.

A su vez, igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no las impida o no haga terminar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

En caso que sea una persona particular que realice actos de tortura, pero en el ejercicio de funciones públicas, instigado por un empleado público o con el consentimiento o permiso de éste, recibirá también la pena de cinco años y un día a diez años de presidio. Así se busca evitar que el empleado público encargue el delito a civiles.

Un dato relevante es que la ley consigna que el juez no puede aplicar el mínimo de la pena al que torture a otro que se encuentre, legítima o ilegítimamente, privado de libertad, así como en cualquier caso bajo su cuidado, custodia o control, cuando se trate de tortura, tortura con homicidio, mutilaciones, lesiones o cuasidelitos graves.

Y si se trata de un particular que no desarrolle funciones públicas, la norma lo sanciona con presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio. Es decir, de 61 días a tres años de presidio o reclusión. Ahora si se comete, además, el delito de homicidio, la sanción se incrementa de 15 años a presidio perpetuo calificado.

En definitiva, se trata de una ley que viene a poner las cosas en su lugar respecto a un delito tan deleznable como la tortura y que, a su vez, previene con su severidad que personas que ejercen labores públicas caigan en estas conductas para fines de llevar adelante procedimientos regulados, como es la investigación de algún delito.