“Ley Uber”

Es una legislación oportuna, ya que este tipo de aplicaciones actúa de forma des-regulada

27 Julio 2018   11   Editorial   Gustavo Alvarado

Con el propósito de otorgar mayor seguridad a los usuarios, velar por la calidad del servicio y generar certidumbre en la industria regulada el Gobierno envió al Congreso el nuevo proyecto de ley para establecer un marco regulatorio a las plataformas que realizan servicios de transportes, como es el caso de Uber o Cabify.
La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, explicó que el texto “establece una serie de exigencias a las aplicaciones de transportes con el objetivo de generar condiciones de igualdad y competencia justa, en beneficio de todas las personas que usan estos tipos de servicios” y apuntó que “nos estamos haciendo responsables de una realidad, entendiendo que el correcto uso de tecnologías y una regulación que asegure la profesionalización del sector, implica mejoras para todas las partes involucradas, y especialmente para la ciudadanía”.
El proyecto crea las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) y las obliga a constituirse como compañías de transporte remunerado de pasajeros en Chile. Esto implica que deberán iniciar actividades en el país y además, hacerse cargo del servicio de transporte que entregan, por ejemplo en caso de accidentes o calidad del servicio. Es decir, no podrán excusarse que solo proveen los servicios tecnológicos.
Asimismo, deberán inscribirse en un registro de aplicaciones que llevará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Si bien es un registro de las empresas, estas a su vez deberán poner a disposición ministerio la información actualizada de conductores y vehículos adscritos.
Con el objetivo de establecer condiciones de seguridad para los usuarios, se les exigirá a todos los conductores licencia profesional A1 y no podrán dedicarse a la actividad aquellos que registren antecedentes penales por ciertos delitos de connotación social tales como sexuales, tráfico de drogas y manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte.
Como requisito de funcionamiento deben informar al usuario las tarifas del viaje con anterioridad, la ruta, la identificación del conductor y del vehículo, entre otras. También se les exige ofrecer un canal de contacto permanente de información y de reclamos, y contratar seguros de responsabilidad civil para los pasajeros.
En cuanto a los estándares de los vehículos, antigüedad y requisitos técnicos y de seguridad, estos quedarán entregados a un reglamento, a desarrollar por la cartera. En tanto, ya existe definición que todos tendrán que portar un distintivo visible.
Adicionalmente, las empresas de aplicaciones deberán entregar al MTT el importante insumo de sus datos de viajes, tales como kilómetros recorridos, horarios y zonas de operación, en tiempo real o en forma consolidada. Ello permitirá al Ejecutivo generar modificaciones o nuevas políticas públicas o las que sean necesarias para el sector.
El proyecto además contempla sanciones a los pasajeros que colaboren en entorpecer la fiscalización. En cuanto a los viajes compartidos, se podrán realizar solo en taxis colectivos.
Se trata de una legislación oportuna, ya que este tipo de aplicaciones actúa hoy de forma desregulada, afectando el principio de libre competencia, ya que los taxis tradicionales deben cumplir una serie de normas que hacen que las condiciones no sean iguales para todos los actores de este sector.