Matonaje escolar

Es ahora una de las tareas fundamentales de cualquier colegio, liceo o escuela, adoptar medidas preventivas para combatir y erradicar la violencia escolar, en cualquiera de sus expresiones y en todos los niveles escolares.

04 Diciembre 2016   24   Editorial   Gustavo Alvarado

El respeto y promoción de los derechos humanos es uno de los pilares del Estado de derecho y constituye un deber ineludible para las autoridades que gobiernan en un sistema democrático. Además esta responsabilidad debe irradiar a todas las áreas del quehacer público, entre ellos y, muy especialmente, en la educación.

Ello es todavía más obligatorio considerando que bajo las recientes modificaciones legales, es ahora una de las tareas fundamentales de cualquier colegio, liceo o escuela, adoptar medidas preventivas para combatir y erradicar la violencia escolar, en cualquiera de sus expresiones y en todos los niveles escolares.

A pesar de ello, igualmente surgen cada cierto tiempo casos específicos que dejan expuestas a autoridades educacionales que no cumplen con sus responsabilidades. En ese contexto, a los padres de las víctimas no les queda otra opción que acudir a la justicia, exigiendo indemnizaciones y que se adopten medidas correctivas.

Así ocurrió en la ciudad de Chillán, en la Región del Bío Bio, donde un colegio fue condenado por la Corte Suprema a pagar una compensación económica de 15 millones de pesos al padre de un niño que sufrió maltrato escolar. En este caso, la tragedia fue aún mayor, ya que la víctima se suicidó por el maltrato sistemático.

“El fallo ha dejado asentada la existencia de un contrato en el que la demandada asumió no sólo el deber de prestar un servicio educacional, sino también una obligación de seguridad consistente en proteger la integridad física y psicológica del educando, según el Reglamento Interno de Convivencia Escolar”, señala.

La sentencia de la Corte Suprema añade que “el beneficiario sufrió reiterados episodios de burlas, amenazas y golpes”, subrayando que el demandado “no cumplió con su obligación de resguardo respecto del estudiante, pues dentro del establecimiento fue objeto de conductas de matonaje, acoso u hostigamiento”.

Estos casos se conectan con un debate nuevo que está surgiendo entre los líderes políticos, referido a cómo el país enfrenta el fenómeno de la masiva llegada de inmigrantes, especialmente, de distintos países de Latinoamérica. Ocurre que muchos de ellos han sido objeto de conductas claramente discriminatorias.

Ello se registra, especialmente, en el ámbito laboral y de derechos a la vivienda y la salud. Es recurrente escuchar que ciudadanos extranjeros son objeto de sueldos más bajos que los chilenos, aunque realicen el mismo trabajo; a lo cual se suma que deben pagar arriendos más caros o son objeto de retrasos en atenciones de salud.

Todo ello considerando que las cifras oficiales de las policías revelan que son muy pocos los inmigrantes que terminan involucrándose en actos delictuales. Es decir, todo apunta a que nuestro país debe recuperar su tradición de dar asilo y acoger a quienes buscan nuevas oportunidades laborales, económicas o sociales.

Esta situación adquiere todavía mayor preocupación en el ámbito escolar, donde muchos niños de padres extranjeros también sufren un complejo proceso de adaptación. Pero ahí deben estar vigilantes los padres, las autoridades de cada colegio y de gobierno, para hacer valer por sobre todo el respeto a los derechos humanos.