Modificación legal para sancionar a alcaldes

Cabe señalar que la autonomía de las municipalidades hace que muchas veces los procesos sancionatorios terminen diluyéndose en callejones administrativos sin salida (…)

13 Septiembre a las 01:28   93   Editorial   Gustavo Alvarado

En la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado se acaba de despachar el articulado sobre el proyecto de ley que agiliza la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa.


En la discusión de dicha iniciativa destacaron aspectos como plazos claros, procedimientos concretos y la descripción de las causas de destitución parea los jefes comunales.


Esta normativa legal podría traer efectos significativos en la relación Concejo Municipal y alcaldes, entendiéndose en ese aspecto las diferencias políticas que conviven en cada uno de los cuerpos edilicios.


Sin ir más lejos, en Talca se vivió hace un tiempo un episodio donde Contraloría instaba a los concejales a concurrir al Tribunal Electoral Regional (TER) a presentar antecedentes en contra del jefe comunal para que abriera una causa que podría desembocar en la remoción de la máxima autoridad local. Sin embargo, la normativa vigente exige un quórum de ediles firmantes, lo que en el caso de Talca no se ha logrado.


Pues bien, dichas modificaciones dejarían atrás estas exigencias y se procedería de otra manera. Algunos de los senadores señalan que con esto se busca fortalecer la transparencia y probidad. En lo concreto, se avanzó, entre otros, en que cuando Contraloría informe al Concejo Municipal, éste tenga hasta 30 días de plazo para pronunciarse, de lo contrario, el secretario(a) municipal deberá dar cuenta al TER para que prosiga en un proceso de destitución, cuando corresponda.


Como se ha dicho, en la actualidad ocurre, varias veces, que la Contraloría da un informe, pero por la composición política del Consejo de turno, no se pronuncia, quedando el informe solo en ese nivel sin prosperar ningún proceso sugerido. Hay casos donde se ha sugerido la destitución del alcalde, pero dicho intento queda frenado.


Esto también trae consigo ciertos procedimientos para cuando la Contraloría tiene afirmaciones o convicciones de que hay faltas administrativas que ameriten sanciones, para lo cual se pronunciará la Corte de Apelaciones; mientras que para las faltas administrativas gravísimas que ameriten destitución, tanto para los concejales y/o para los alcaldes, será el TER el organismo a cargo.


Cabe señalar que la autonomía de las municipalidades hace que muchas veces los procesos sancionatorios terminen diluyéndose en callejones administrativos sin salida, para lo cual hay una destinación de recursos investigativos por parte de la Contraloría, con esfuerzos que finalmente quedan en cero.