Niños del Sename

Es necesario avanzar en una solución integral y reparadora para las víctimas de este servicio que perdió el rumbo y que garantice que no se repetirán estas prácticas en el futuro.

13 Julio 2017   8   Editorial   Gustavo Alvarado

Lo ocurrido hace poco más de una semana en la Cámara de Diputados, donde finalmente se rechazó el informe de la Comisión Sename II, ha sido un duro golpe para la comunidad nacional que se ha impuesto de las graves situaciones de abuso y maltrato, las que han culminado incluso con la muerte de más de mil 300 menores.

Las razones de este rechazo no están del todo claras y parecen incomprensibles a la luz de los antecedentes que se entregan en las más de 500 páginas de este crudo informe que detalla las graves anomalías e incluso delitos que se cometen a diario en los hogares de esta entidad.

Parecieran ser el relato de un infierno en la tierra donde no se cumple con los objetivos del Servicio que constituye la entrega de cuidado a niños y niñas vulnerados en sus derechos y que han sido ingresados justamente para protegerlos.

El texto rechazado entregaba un amplio diagnóstico, asignaba responsabilidades y acusaba las principales falencias del Servicio y de la institucionalidad del país en este ámbito.

Además, desarrollaba un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema y garantizar a los menores el respeto de sus derechos, entre ellos, el resguardo de su integridad física y mental y el acceso a la educación y a la salud.

Entre las conclusiones del informe se acusaba que tanto el Ministerio de Justicia como las autoridades del Servicio Nacional de Menores (Sename), fueron advertidos y tenían conocimiento de los graves incumplimientos por parte de instituciones relacionadas.

También constataba la existencia de una “cultura de desprotección de derechos” al interior del Sename y de los organismos colaboradores y de los órganos públicos que tienen dentro de sus competencias la atención de menores vulnerados en sus derechos y discriminación en las modalidades de atención de niños y niñas provenientes de familias de escasos recursos.  

Frente a la alarma generada por la situación tanto el Gobierno como la oposición se han sumido en una polémica estéril que, definitivamente, no apunta al fondo del asunto.

De ahí que resulta necesario establecer una suerte de acuerdo nacional en esta materia y crear una comisión de alto nivel que aborde los problemas, al estilo de las comisiones Valech o Rettig.

Es necesario avanzar en una solución integral y reparadora para las víctimas de este servicio que perdió el rumbo y que garantice que no se repetirán estas prácticas en el futuro. Nuestros niños y niñas más vulnerables merecen el mismo respeto que el resto del país. Y su destino está, de una u otra forma, en nuestras manos.