Nuevas normas para uso del agua

Se contemplan mecanismos eficaces de recopilación de información que posibiliten una mejor administración y gestión de los recursos hídricos

13 Octubre 2017   9   Editorial   Gustavo Alvarado

El Congreso acaba de despachar el proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.

La propuesta legal establece mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización, perfeccionando la legislación vigente en torno al uso del agua, ya que hoy en día, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, y de los esfuerzos para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces.

En el texto se contemplan mecanismos eficaces de recopilación de información que posibiliten una mejor administración y gestión de los recursos hídricos, y se aumentan las facultades de fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA), por ejemplo, ante la negativa de los particulares de permitir el ingreso a los predios y a la verificación de los dispositivos de captación, genera mecanismos rápidos y expeditos para el ingreso, con el auxilio de la fuerza pública.

También, se elimina el requisito de contar con autorización judicial para solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando se ordene la paralización y destrucción de obras ilegales que se ejecuten en los cauces y que pudieran ocasionar perjuicios a terceros.

Asimismo, se mejoran los estándares de las sanciones por incumplimiento de la legislación de las aguas y se aumentan en general las facultades de fiscalización de la DGA. El texto incluye también, dentro de las atribuciones y funciones de este organismo, relativas a la planificación, investigación y medición del recurso, y respecto al ejercicio de la policía y vigilancia de las aguas, lo relativo a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

Se precisa también cuál es el tribunal competente para conocer las reclamaciones. Tratándose de resoluciones de término dictadas por el director general de aguas, será la Corte de Apelaciones de Santiago. En cambio, las resoluciones dictadas por los directores regionales, serán reclamables ante la Corte de Apelaciones con asiento en el lugar en que se dictó la resolución.

A la vez, se otorga a los fiscalizadores de la DGA la calidad de ministros de fe, teniendo sus declaraciones valor probatorio.

En materia de sanciones, se establece efectivamente un catálogo de infracciones al Código de Aguas, agrupadas en cinco grados, dependiendo del impacto de la infracción, con montos mínimos y máximos de multa dentro de cada grado. En la nueva agrupación, las de grado mínimo van de 10 a 50 UTM, pero la de grado máximo, van de 1000 a 2000 UTM. Y la infracción de usurpación de aguas, puede llegar hasta 5000 UTM.

Sin duda, se trata de una legislación que se hacía necesaria y que permitirá preservar de mejor manera los derechos adquiridos y proteger humedales y glaciares de mejor manera.