Nuevo acto de colusión

Se trata de situaciones que lamentablemente erosionan la fe pública y el bolsillo de los consumidores, constituyendo hechos muy reprochables

27 Diciembre 2016   7   Editorial   Gustavo Alvarado

Nuevamente el país ha sido impactado por revelaciones en torno a la colusión de dos empresas para fijar artificialmente los precios, esta vez en el mercado de los pañales desechables infantiles. Ello se suma a casos anteriores en el mercado de los pollos, de las farmacias y del papel tissue.

Se trata de situaciones que lamentablemente erosionan la fe pública y el bolsillo de los consumidores, constituyendo hechos muy reprochables que no pueden ni deben ser pasados por alto. Por el contrario, es necesario que vuelvan a tener graves sanciones penales pues contravienen las normas de un mercado libre como el que se supone existe en Chile.

Como es habitual, parlamentarios de diversas bancadas han presentado dos proyectos de ley destinados a combatir penalmente la colusión de precios por parte de las empresas que operan en el país.

La primera de las iniciativas legales fue presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, junto a los diputados Aldo Cornejo y Lautaro Carmona que establece que el Ministerio Público pueda intervenir en estos casos, sin tener que esperar las decisiones administrativas de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En concreto, el proyecto plantea que las investigaciones de los hechos de colusión solo se podrán iniciar de oficio por el Ministerio Público o por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella.

Asimismo, se define que el Ministerio Público podrá aplicar la suspensión condicional del procedimiento, cuando la pena que pueda imponerse al imputado no exceda del presidio menor en su grado máximo y el acuerdo ilícito no hubiese afectado gravemente a los mercados.

Además, se determina que el fiscal del Ministerio Público deberá contemplar como condición necesaria, al menos, el pago de una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. También se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que, en ningún caso, podrá exceder el período de suspensión del procedimiento.

La segunda moción fue presentada por los diputados Vlado Mirosevic, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda y Miguel Angel Alvarado y está destinada a aumentar el periodo de prescripción de los delitos relativos a este ámbito: de tres a cinco años, para los delitos comunes de libre competencia; y de cinco a diez años, para los delitos de colusión.

Es de esperar que ambos proyectos avance con la debida rapidez y que se adopten los procedimientos necesarios para preservar en el país la libre competencia sin el temor que grandes o pequeñas empresas se coludan para defraudar el bolsillo de los consumidores que están en la más completa indefensión ante estas censurables prácticas.