Obligación de denunciar abusos

La iniciativa legal busca establecer la obligación de hacer la denuncia ante la justicia y sancionar a civiles si es que ésta no se realiza.

25 Octubre 2018   6   Editorial   Gustavo Alvarado

En la palestra desde algún tiempo está la responsabilidad de los sacerdotes sobre su eventual silencio, y con eso, la omisión de denunciar actos de abuso de otros miembros de la iglesia hacia menores de edad. La palabra encubrimiento es la que por estos días remece al clero católico por el actuar y no actuar de altos miembros de la jerarquía eclesiástica frente a conductas impropias de algunos de sus miembros.
Para evitar que estas conductas de encubrimiento se sigan repitiendo, no solamente en el clero, sino que en cualquier religión o en dirigentes de organizaciones civiles, en la Cámara de Diputados se han abierto a la posibilidad de legislar para obligar a denunciar delitos de connotación sexual que perjudican a menores, adolescentes y personas vulnerables.
De acuerdo a los argumentos esgrimidos en la Cámara Baja, la moción recoge precisamente el debate de las investigaciones judiciales que hay respecto a la Iglesia Católica, donde altas autoridades eclesiásticas, tras conocer abuso sexual infantil o juvenil, no han hecho las denuncias respectivas, ocultando antecedentes.
Pues bien, la iniciativa legal busca establecer la obligación de hacer la denuncia ante la justicia y sancionar a civiles si es que ésta no se realiza.
Además, se busca precisar en qué circunstancias estas autoridades tienen la obligación de hacer la denuncia, definir con mayor detención los lugares donde se hayan cometido y establecer las responsabilidades que les competen en el delito específico que se cometió.
Pero, ¿qué pasa con el secreto de confesión? Claramente este tema choca entre la convicción valórica y el deber civil, por cuanto debería primar la obligación de denunciar hechos ilícitos por sobre la privacidad que subyace en el sacramento.
Por tanto, claramente se deberá debatir sobre este tema con el fin de establecer si el secreto se extiende o no al delito que se efectuó o si se establece una línea clara a fin de no irrumpir o desnaturalizar la confesión.
Ahora, más allá de todo esto, en el fondo se vuelve a evidenciar un par de elementos. El primero de ellos es que la legislación en nuestro país suele ser más reactiva que proactiva, es decir, se discuten y proponen leyes para ir haciéndose cargo una vez que los hechos ilícitos ocurren. Y, en segundo lugar, es el punto al que se debe llegar para exigir, mediante una ley y una eventual sanción penal, el hecho que alguien, siendo testigo de un ilícito tan serio como un abuso sexual a un menor o adolescente, tenga que ver obligado a denunciar y no lo hace motivado por su plena conciencia y deber civil y moral.