Pago a pymes

“No debemos acostumbrarnos a que la cancha continúe dispareja para los pequeños y medianos empresarios que generamos más del 70% del empleo en el país”

01 Agosto 2017   22   Editorial   Gustavo Alvarado

Recientemente se dio a conocer el llamado Ranking de Pagadores, un indicador que es elaborado cada tres meses por la Asociación de Emprendedores de Chile  y la Bolsa de Productos, que entre sus resultados mostró que entre enero y marzo de 2017 el plazo promedio de pago a las pymes llegó a 56 días.

Ello implicó un considerable aumento de 10,1 días (o de 22%) en relación al último trimestre del año pasado, cuando el plazo promedio de pago fue de 45,9 días.

El escenario empeora aún más frente al mismo trimestre de 2016, con un incremento de 10,8 días (o de 24%) versus los 45,2 días que fue el plazo promedio de pago en enero-marzo del año anterior.

Después de alcanzar sus máximos entre 2010 y 2011, este indicador había venido mostrando una paulatina disminución  a partir del tercer trimestre de 2015, pero a contar del último cuarto del año pasado muestra un progresivo deterioro.

Se trata de un guarismo que llama a la preocupación puesto que las pequeñas empresas dependen de un pago oportuno para seguir adelante con sus operaciones, ya que no cuentan con capitales suficientes para financiarse. En este sentido, las grandes empresas generan una complicada situación al demorar sus pagos, lo que muchas veces puede llevar al colapso del emprendimiento.

La presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis, señaló que “es un tema que nos inquieta bastante, sobre todo tomando en cuenta que desde agosto del año pasado entró en vigencia la Ley 20.727 sobre el uso obligatorio de la factura electrónica, que prometía como principal beneficio la agilización de los procesos de pago y su tramitación”.

Agregó que  “no debemos acostumbrarnos a que la cancha continúe dispareja para los pequeños y medianos empresarios que generamos más del 70% del empleo en el país, ya que esto afecta no solo nuestra caja como emprendedores, sino que también la calidad de las condiciones laborales de quienes trabajan en estas empresas”.

El senador Eugenio Tuma planteó en este sentido que “es claro que las empresas no mejoran su conducta de pago y esto implica que financian parte de sus operaciones con el capital de los proveedores, esto profundiza la asimetría entre las grandes empresas con las de menor tamaño”.

Estas cifras recalcan la necesidad de agilizar el proyecto que apunta justamente a establecer los plazos máximos de pago, fijar los intereses por mora y consagrar el derecho a indemnización de perjuicios.

El texto legal apunta a desincentivar las malas prácticas comerciales, que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas cuando operan como proveedoras, y promover su desarrollo, protegiendo los empleos que generan y fomentar una adecuada competencia en el mercado.