Pago oportuno a pymes

Los plazos de pago excesivamente amplios son causa de un abuso de posición dominante

20 Enero 2018   3   Editorial   Gustavo Alvarado

Las pequeñas y micro empresas, representan en nuestro país el 90 por ciento del total de unidades productivas y entrega más de 3 millones de empleos. Sin embargo, enfrenta serias dificultades para desarrollar sus actividades de forma equitativa con las de mayor tamaño. Uno de los obstáculos estriba en el pago dilatado de los servicios que presta o productos que vende.
A esta realidad no están ajenas las grandes empresas que abusan de su poder económico, pero tampoco el Estado, que resulta ser un mal pagador en muchas oportunidades.
De ahí que se tramita en el Congreso un proyecto para promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas y micro empresas, cuando efectúan las ventas de un producto o prestación de servicios. Con este propósito se establecen plazos, se regula el no cumplimiento de los mismos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, se definen como cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y por último, se incorpora el derecho a indemnización.
La iniciativa, busca establecer mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño, particularmente las pequeñas y micro empresas, considerando su posición en el mercado, su baja participación en ventas y exportaciones, su aporte en la generación de empleos y las dificultades que presentan para acceder a fuentes de financiamiento formales.
Los problemas de los plazos de pago excesivamente amplios son causa de un abuso de posición dominante por parte de las grandes empresas. Es decir, el deudor obtiene una liquidez a expensas de las micro y pequeñas empresas.
Otra problemática a la que se enfrentan las pequeñas empresas, es la falta de transparencia en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales. De este modo, impedir plazos de pago excesivos es proporcionar certeza a las pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios, a la hora de la organización de su contabilidad y proyección de su escalamiento productivo.
El pago luego de 60, 90 y 180 días después de la entrega del producto o prestación de servicios por parte de empresas de menor tamaño, constituye una práctica habitual, que implica el incumplimiento de las condiciones de pago pactadas o cambios unilaterales de las mismas, sin posibilidad de que las empresas de menor tamaño puedan ejercer sus derechos, toda vez que sus ventas dependen de la relación con las empresas que proveen.
Por ello, es de esperar que este proyecto sea tramitado de forma expedita para corregir un problema que afecta a miles y miles de emprendedores.